Carlos Castagneto aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social tiene la potestad de dar de baja a los beneficiarios que no cumplen con los requisitos del plan
Por Andrés Klipphan
“La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes -del ministerio de Desarrollo Social- pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”. Con esas palabras, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, reconoció ante el fiscal federal Guillermo Marijuán el informe que el 24 de octubre elevó a la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz y que habría detectado incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta quienes había comprado dólares y que Infobae publicó de manera exclusiva.
Marijuán realiza una investigación preliminar para determinar si Tolosa Paz incumplió en sus funciones al no haber dado de baja a los titulares del plan con esas irregularidades. En caso de ser así, el fiscal presentará una denuncia penal para que un juez y otro fiscal determinen si las pruebas que reunió son suficientes para imputar a la ministra de Alberto Fernández. Marijuán entiende que la funcionaria “se apartó” de su responsabilidad al no haber actuado actuado en cuanto recibió el primer informe de la AFIP.
En el marco de la misma pesquisa, debía presentar un escrito con respuestas a las preguntas realizadas por Marijuán el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero por su agenda política postergó la presentación hasta el miércoles próximo. El fiscal indaga sobre las razones que habría tenido la funcionaria para no avanzar con las bajas y realizar otro pedido de entrecruzamiento de datos al organismo a cargo de Castagneto.
El primer informe lo solicitó el 30 de junio su antecesor, Juan Zabaleta. Fue elevado el 24 de octubre al ministerio de Desarrollo Social, fecha en la cual Tolosa Paz ya había reemplazado en el cargo al intendente de Hurlingham. Entre las irregularidades, la AFIP había detectado, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios, que:
– 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
– 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.
– 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
– 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.
– 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
– 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales,
– 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros
– 209 poseen medicina prepaga o cobertura social
– 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.
– 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
– 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
Castagneto ratificó ese contenido, pero aclaró: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Esa tarea, y eso lo tiene en claro la fiscalía, recae en Tolosa Paz.
El titular de la AFIP también dijo: “Recibimos de manera muy frecuente requerimientos de distintos organismos, también oficios judiciales que llegan muchísimos, todos se responden técnicamente respetando y el secreto fiscal.”
Esta última definición es muy importante. En varias entrevistas periodísticas, la ministra de Desarrollo Social había puntualizado que el organismo recaudador no le había enviado una lista nominal de las personas con las presuntas incompatibilidades.
En su declaración testimonial de una hora, Castagneto subrayó: “No somos nosotros los que tenemos que decir si alguien está cometiendo una irregularidad. La AFIP no es organismo ejecutor ni de aplicación de los planes potenciar trabajo”.
El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos también ratificó el contenido del segundo informe, esta vez solicitado por Tolosa Paz. En este caso, la AFIP, a través de una comunicación enviada a la fiscalía, el 16 de noviembre pasado, le advertía a Marijuán: “Resulta preciso destacar que el Padrón de Titulares del Programa ‘Potenciar Trabajo’ aportado en esta oportunidad difiere en la cantidad total de beneficiarios, a saber, en el primer pedido -el de Zabaleta- la base enviada ascendía a un total de 1.383.279, mientras que en el pedido que motiva la presente -el de Tolosa Paz-, la base total de beneficiarios asciende al total de 1.362.579″, esto es 20.700 beneficiaros menos.
En ese escrito, la AFIP mencionaba que en el padrón de octubre los fallecidos que seguían en nómina eran 2.870, pero en noviembre pasaron a 401. Con los jubilados, pensionados o retiros sucedió algo similar: de los 8.019 titulares pasaron a 3.377 y los 209 que habrían cobrado de manera irregular por tener medicina prepaga o cobertura social, pasaron a 165, entre otros ítems.
La AFIP también le aclaró a Marijuán: “Los términos de cada uno de los puntos efectuados en la solicitud realizada en esta oportunidad también difieren respecto de los realizados mediante nota NO-2022-66196215- APN-SGA#MDS, como así también el período de análisis sobre el cual se ha efectuado el requerimiento” y aclara: “El pedido efectuado no se encuentra incluido en las excepciones al secreto fiscal previstas por el Artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario y receptadas en la Disposición 98/09 (AFIP)”.
El Potenciar Trabajo es el mayor programa del ministerio de Desarrollo Social que administra, desde la Secretaría de Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. Por esa razón el fiscal Marijuán también libró un oficio para conocer el nombre de cada uno de los colaboradores de Pérsico y que tarea desarrollan.
