Los disturbios en la capital jujeña tuvieron expresión máxima en el ataque a la Legislatura. En el centro aparece la reforma de la Constitución provincial, con voto de JxC y el peronismo. El kirchnerismo alimenta la protesta, pone el foco en la represión y no condena la violencia
Las imágenes de Jujuy acaban de reponer -a escala local pero con toma de posición a nivel nacional- un foco de tensión grave entre la legitimidad democrática y la concepción de “manejo” de la calle -no la realización de protestas- como factor de poder y hasta de extorsión, al extremo de la violencia. Ese es el punto central que trasciende la discusión en torno de la reforma de la Constitución provincial, con el agregado de que todo transcurre con el cronograma electoral en marcha. La discusión política apenas insinúa la cuestión de fondo, que de todos modos se trasluce a pesar del tono de campaña.
Los hechos de este lunes, mientras la modificación de la Constitución jujeña era votada, terminaron de superar los límites de la provincia. La expresión máxima fue el ataque a la Legislatura. Juntos por el Cambio expuso una imagen de unidad en respaldo de Gerardo Morales, después de asomarse al abismo por su interna. Y el oficialismo mostró a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y hasta a Daniel Scioli, rechazando la reforma y apuntando a la represión policial, sin referencia a la necesidad -siempre- de marcar los límites sobre la respuesta del Estado y sin condena alguna al ataque contra la Legislatura. Hubo, con todo, algunos silencios.
La ofensiva sobre el gobierno jujeño -y de hecho, sobre JxC- no reparó en los cambios del texto constitucional y en el marco político local, básicamente un acuerdo global entre Morales y el peronismo provincial. El kirchnerismo, otra vez con arrastre de otros espacios internos, agitó la consigna según la cual un posible triunfo de la principal oposición abriría el camino a un estado represivo. La respuesta opositora fue en espejo: anticipa el papel del kirchnerismo duro en caso de derrota. Vuelve la postal de las piedras contra el Congreso.
En cualquier caso, se estaría aludiendo a la gobernabilidad futura, con cambio de signo político. Eso roza la cuestión de fondo, es decir, el límite a respetar -o cruzar- frente a la legitimidad que genera el voto y el posterior desarrollo de la gestión.
Morales negoció algunas modificaciones a su propuesta original, en tren de lograr aval del grueso del peronismo jujeño. No ocurrió en todos los puntos, pero sí en algunos renglones significativos. Dio marcha atrás, por ejemplo, con la intención de dotar de mayor poder al Ejecutivo, un retroceso y una contradicción frente al paso positivo para cerrar el camino a las reelecciones indefinidas. Quedaron afuera los artículos que generan mayor resistencia en comunidades indígenas. En cambio, mantuvo con voto propio la limitación de las protestas en las calles o corte, y la toma ilegal de edificios públicos.
Jujuy viene de una elección que consagró gobernador y legisladores provinciales, junto a convencionales constituyentes. Se votó el 7 de mayo. La versión local de JxC sumó 49,52%. El peronismo registró 23.32% y el Frente de Izquierda, 12,8%. Eso se reflejó en la convención: el oficialismo local logró 29 bancas, el frente justicialista, 13, y la izquierda, 6.
Está claro que la democracia moderna no se agota en las elecciones y que los triunfos no deberían suponer poder como definición absoluta. Existiría un correlato entre el juego de mayorías y minorías. Ocurre, en situaciones de crisis económica y social profunda, que la legitimidad de gobierno puede entrar en zona gris, cuando el deterioro político es profundo y las elecciones aparecen lejos. Este no es el caso.
El gobierno provincial revalidó títulos hace apenas un mes y medio y junto con ello, fueron elegidos los convencionales. Los términos de la reforma impulsada por Morales y los cuestionamientos fueron parte de la campaña, y pasada la elección, se entró en etapa de mayor debate y, a la vez, de negociaciones.
Finalmente, la reforma fue aprobada por 40 votos, salvo el punto mencionado que fue sostenido por los 29 representantes del oficialismo provincial. No participaron los 6 integrantes de la izquierda y dos del peronismo, que habrían enviado explicaciones sobre causa de enfermedad.
Sin embargo, esa mayoría significativa no contaría como elemento determinante en la visión kirchnerista, expresada además en la batalla en las calles. Se trata de un modo de operar sin apego tampoco al mecanismo institucional hacia adelante, que no cierra la historia en la provincia.
Es llamativo, porque la justificación de lo ocurrido por parte del oficialismo nacional sostiene que la reforma va en contra de derechos asegurados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. El modo de defender ese criterio es conocido: está abierto siempre el camino de los recursos ante la Corte Suprema de Justicia.
Esa es la cuestión de fondo. En la superficie, se cruza la campaña. Y se mezcla además la especulación sobre el intento por correr el foco del Chaco, luego de la derrota electoral de Jorge Capitanich frente a JxC, en las PASO del domingo último. Y más todavía, frente a la conmoción causada por el caso de Cecilia Strzysowski. Está a la vista la trama política y todo apunta a una historia dramática y brutal de femicidio.
Ese puede ser un elemento de peso. En cualquier caso, el dato político gravitante es que el kirchnerismo impone en el oficialismo un giro fuerte a partir de Jujuy. La mira fue colocada nuevamente en JxC y parecería poco efectiva la idea de consagrar a Javier Milei como principal referencia, con la hipótesis de los tres tercios.
De todos modos, el discurso de estas horas va más allá. Y de manera directa: dice que JxC sólo generaría conflictividad aguda en caso de llegar al Gobierno y, por el contrario, únicamente el actual oficialismo sería garantía de “paz social”. Así lo resumió el diputado Eduardo Valdés. Dice bastante la asociación de los dos términos como una única advertencia. Final para los implícitos.
