En la carta, que fue entregada a la Corte Suprema por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, los gobernadores plantean que si el tribunal falla a favor de la gestión porteña será un precedente de graves consecuencias para el federalismo; se presentan como amicus curiae en la causa.
El Gobierno nacional entregó ayer una nota a la Corte Suprema de Justicia con un planteo, apoyado por los gobernadores peronistas, contra los fondos que la administración del expresidente Mauricio Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía. Los mandatarios provinciales sostuvieron que “se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
“En este contexto, es de trascendental interés para las provincias argentinas reafirmar la dimensión histórica de la decisión que debe adoptar el Máximo Tribunal en la presente causa”, le dijeron los gobernadores a la Corte. Y agregaron que es “indudable” que “si convalidara (el aumento), ya sea con el dictado de una medida cautelar o al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo y consolidando un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional”.
La misiva fue entregada a través del Ministerio del Interior, luego de que los gobernadores se reunieron el miércoles en la Casa Rosada con el titular de esa cartera, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; encuentro al que se sumó luego el presidente Alberto Fernández.
Los gobernadores recuerdan que por la ley 23.538 de coparticipación, a la Ciudad le corresponde el 1,4 por ciento de la masa, pero que este porcentaje se vio “incrementado en forma desmesurada” por decisión de Mauricio Macri, como parte del reconocimiento de los fondos necesarios para cubrir el funcionamiento de la policía. En efecto, ese coeficiente quedó establecido en 3,5 por ciento hasta que Fernández, con otro decreto, lo redujo a 2,32 por ciento.
De todos modos, con la ley sancionada en el Congreso meses después, se retrotrajo a 1,4 y se fijó que para cubrir los gastos de seguridad, Nación debe transferirle a la administración porteña unos 24,500 millones de pesos actualizables trimestralmente por un coeficiente compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC). Esos fondos, a diferencia del goteo por coparticipación, se incluyen dentro del Presupuesto General.
El reclamo de los gobernadores se da en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por esos fondos que tiene estado judicial y es considerado por la Corte Suprema, donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta radicó un pedido de cautelar para dejar sin efecto esa reasignación de recursos.
La Corte ordenó a ambas jurisdicciones buscar una solución a través de audiencias conciliatorias que se están realizando de manera semanal, antes de emitir una resolución.
El Gobierno nacional citó a las provincias y logró que se sumen a su criterio, para lo cual los gobernadores dispusieron enviar la nota con su postura al máximo órgano judicial y presentarse en el pleito como amicus curiae (amigo del tribunal), según informaron tras la reunión en la Casa Rosada.
“La decisión unilateral, discrecional e injustificada de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el coeficiente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eludiendo la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo de traspaso y los recursos comprometidos, constituyó una verdadera violación al federalismo”, agregaron.
“Resulta indudable que si la Corte Suprema convalidara, ya sea con el dictado de una medida cautelar o al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, el aumento de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri en forma discrecional, injustificada y contrario a lo previsto por la Constitución Nacional, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo y consolidando un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional”, completaron.
“Es por ello, que quienes suscribimos la presente solicitamos a los Señores Ministros que al momento de resolver tengan en consideración los argumentos reseñados precedentemente, coadyuvando a la construcción de un federalismo justo y equitativo”, concluyeron
La nota fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
No fueron de la partida los jefes provinciales opositores, que a pesar de sus enfrentamientos internos con Larreta y de que por momentos están más cerca del Presidente que del alcalde porteño, prefieren mantener las aguas calmas en ese terreno. Así, los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdes (Corrientes) y Rodolfo Suárez no asistieron ayer al cónclave organizado durante el fin de semana por Interior en Balcarce 50, ni se sumaron a la misiva de hoy.
