Entre los argumentos, el proyecto de ley presentado afirma que “es un derecho humano educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades” y debe ser una “prioridad para la construcción de una sociedad más justa.”
El legislador entrerriano presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre pasado, con la intención de declarar a la educación como un servicio público esencial. Esto significa que se modificaría la Ley de Educación Nacional, obligando al cumplimento obligatorio de todos los días de clase estipulados por Ley, a su vez obligaría a las jurisdicciones a garantizar las condiciones necesarias para el normal dictado de clases.
Entre otros puntos, se establecerá el cumplimiento de “servicios mínimos” del personal docente y no docente para suplir una eventual discontinuación de las actividades educativas, las cuales deberán alcanzar un 50% como mínimo de las horas de una jornada escolar típica.
Por otra parte, el escrito firmado también por los diputados Felipe Álvarez, David Schlereth, Juan Aicega y Francisco Sanchez, establece la posibilidad de la incorporación del personal docente y no docente necesario para que los servicios mínimos sean brindados según lo estipulado.
Según afirma el entrerriano, “la educación es, desde su declaración en 1948, un Derecho Humano. Y de ahí en más numerosos acuerdos internacionales la han considerado de ese modo. No podemos permitir que esto siga siendo incumplido, las consecuencias son realmente terribles y están a la vista.”
Además, indicó que “hoy no se cumplen los días mínimos de clase en muchísimos distritos del país, más allá de la cuarentena, no se venía cumpliendo esta regla. Esto genera grandes desigualdades entre establecimientos educativos públicos y privados, sumado a un acceso inequitativo a la educación superior.”
“La finalidad de la educación es promover la realización personal, robustecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en una sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia. La educación establece normas y mejora la calidad de vida. Privar a nuestros niños de esta posibilidad no solo debería ser ilegal, es inmoral” destacó Hein.
“Si el internet o la telefonía son servicios públicos esenciales, ¿por qué no afirmamos lo mismo de la educación? Esta sería la primera ley que garantice el derecho a enseñar y aprender, y dotaría al Estado de una herramienta para intervenir y asegurar el derecho a educarse de la totalidad de niños, adolescentes y adultos del sistema de educación pública. Este paso debe ser trascendental”, concluyó.