En los próximos días se avanzará con acciones a favor de los sectores afectados por el dólar soja. También habrá para las economías regionales
“Siempre vamos por el lado de ayudar al productor”, dijo una de las fuentes consultadas por Infobae, que reafirmó el compromiso de atender las complejidades de la actual coyuntura, como los efectos de la ausencia de precipitaciones, pero también instrumentar políticas que permanezcan en el tiempo, como una Ley para las economías regionales, y el pendiente proyecto de “Desarrollo Agroindustrial” que se encamina a ser tratada en el período de sesiones extraordinarias.
En el diseño de las medidas fue clave el encuentro que el lunes pasado en Rosario mantuvo Bahillo con los ministros de Agricultura y Producción de las provincias del centro del país y dirigentes de la Mesa de Enlace. Hubo intercambio de información sobre diferentes temas, en especial sobre el impacto de la sequía y del dólar soja. Los representantes de los productores pidieron “medidas urgentes” para afrontar la difícil situación.
Buena leche
A partir de esa reunión el trabajo de los funcionarios se intensificó y en los próximos días se presentarán las medidas. Uno de los sectores a los que el Gobierno apuntará con las mismas será la lechería. Toma fuerza la posibilidad de implementar una asistencia directa durante un período de tres a cuatro meses. Una idea sería aplicar aportes no reintegrables, como se utilizó en el plan oficial para pequeños y medianos productores de soja y maíz, del cual la semana pasada Agricultura depositó un total de $1.730 millones a 1.754 productores que se presentaron para acceder al beneficio.
Esta semana, mediante una carta abierta firmada por los diferentes eslabones de la cadena láctea, se advirtió sobre la situación crítica del sector, debido a los problemas económicos del país, la sequía y los efectos del dólar soja. Además señalaron que la problemática se agravó en los últimos meses, con resultados negativos y mucha preocupación: casi 65% de los tambos se encuentran en estado de “vulnerabilidad”. Además, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señaló que la mayoría de los tambos bonaerenses se quedaron sin alimento para sus rodeos lecheros. Los productores se ven obligados a traer forraje de otros lugares.
En tanto, para sectores como la producción avícola, de huevos y porcina, afectados el mayor costo que debieron afrontar durante la vigencia del “dólar soja 2” que rigió entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre, se destinaría una especie de compensación por el aumento del costo de producción de ese período, siempre que no se haya trasladado a precio. En las últimas semanas hubo reuniones entre los sectores y la cartera agrícola para definir el esquema de ayuda. También habría medidas para quienes hacen engorde a corral.
Además, están en análisis medidas para las economías regionales, que hace tiempo enfrentan problemas de competitividad. El debate al interior del equipo económico gira en torno a una suspensión o baja de retenciones a las exportaciones y mejora en los reintegros. Es cada vez más lejana la posibilidad de avanzar con un tipo de cambio diferencial, como en dos oportunidades durante el 2022 se aplicó al complejo sojero. A su vez, se trabaja diseñar un proyecto de Ley que de marco y previsión a la actividad.
En relación al envío al Congreso de la Nación de iniciativas para el sector agropecuario, en las últimas horas se confirmó que en el paquete de leyes económicas que planteará Sergio Massa para que sean debatidas durante el período de sesiones extraordinarias se encuentra la iniciativa de “Desarrollo Agroindustrial”. Se trata de un trabajo conjunto entre el Gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), mediante el cual se busca aumentar la inversión, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, mejorar la productividad y la calidad de las mismas mediante una mayor industrialización, y procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado.
Sequía
Las miradas de preocupación de los funcionarios están puestas en el avance de la sequía y el impacto de la misma en las diferentes producciones. El 2023 en materia de campaña agrícola se plantea con un escenario de caída de producción y exportaciones, y por consiguiente un menor ingreso de dólares a la economía. Hay que recordar que el 2022 representó un año récord de aporte de divisas de las ventas al exterior de la agroindustria, superando los 40.000 millones de dólares.
A raíz de esto, en los despachos oficiales se ilusionan con los pronósticos que llegan de parte de los especialistas que plantean que el fenómeno climático “La Niña” comenzaría a disiparse en el arranque del 2023 y que durante el primer trimestre del mencionado período habría una mejora en los niveles de precipitaciones. Esta semana, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló en un informe que durante la última primavera, el 85% de la zona núcleo terminó con un 50% menos de precipitaciones en comparación con la media histórica para la mencionada estación del año. El este de la provincia de Buenos Aires y una parte del sur de Santa Fe fueron las zonas que menor cantidad de milímetros recibieron, con marcas por debajo de los 100 milímetros.
Atento a la toda la problemática que se generó en torno a la sequía, la Secretaría de Agricultura trabaja a contrarreloj para la homologación de las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario, para que los productores accedan de inmediato a los beneficios de las mismas. Hasta el momento se homologaron cerca de 14 declaraciones. Además, con la aprobación del presupuesto del 2023 el Gobierno contará para avanzar con políticas con unos 17.000 millones de pesos, mediante la actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria, y del Fondo de Prevención y Mitigación, para el desarrollo de obras. En todo esto, se aguardan medidas concretas para los damnificados.
Durante la reunión del pasado lunes en Rosario, los dirigentes de la Mesa de Enlace pidieron acelerar las declaraciones de emergencia agropecuaria, morigerar la carga impositiva, suspender el pago de anticipo del impuesto a las Ganancias y que se gestione ante la Administración Federal de Ingresos Públicos que todo el paquete impositivo se prorrogue o se lleve para adelante o se suspenda todo tipo de acción que juegue de manera negativa en el negocio del productor. Además, hubo un pedido de mecanismos de financiamiento para recomponer capital de trabajo. Al respecto, Juan José Bahillo dijo tras el encuentro: “Vamos a trabajar para que las medidas sean viables de aplicación”.
A todo esto, hay que recordar que la declaración de Emergencia le permite, entre otras cosas, al productor damnificado acceder a la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas cuando el mismo recaiga en el mismo período en el que esté vigente el estado de emergencia, hasta el ejercicio siguiente a su finalización. la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados hasta el período siguiente a la finalización del período de emergencia o desastre. Y en caso de que ya estuviera iniciado, deberá paralizarse hasta que expire el lapso por el cual se decretó la emergencia o desastre.
Por último, esta semana la Secretaría de Agricultura, en un trabajo conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunció que se simplificó el acceso al sistema de emergencia agropecuaria con el fin de agilizar la gestión para los productores. Según se informó en un comunicado, “la iniciativa permite un acceso rápido y de fácil lectura para que quienes deseen solicitar la asistencia prevista por las leyes N° 24.959 de zonas de desastre y N° 26.509 de emergencia agropecuaria, cuenten con toda la información necesaria para tramitar, a través del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” el formulario digital denominado ´Zona de Emergencia´”.
