La Secretaría de Energía planteó en la Audiencia Pública un aumento máximo del 20%. Las empresas eléctricas expusieron una necesidad de $ 100.000 millones para continuar operando.
La Secretaría de Energía planteó este jueves ajustes en las distintas etapas de transporte y distribución de electricidad para que se reflejen en un incremento de “entre el 17% y el 20%” en la tarifa establecida en la factura de los usuarios, en tanto los representantes de Edenor y Edesur expusieron una necesidad adicional de recursos de $ 100.000 millones para continuar operando en 2022.
Las posturas fueron expresadas en el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que comenzó este jueves a la mañana y cuenta con 142 participantes inscriptos.
El encuentro virtual presidido por la interventora del ENRE, Soledad Manín, y comenzó con una breve intervención del secretario de Energía, Darío Martínez, quien expresó el “compromiso” del Gobierno para que “los aumentos tarifarios siempre sean inferiores a la evolución de los salarios”.
Al respecto, el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, planteó “la fijación de precios se defina de forma tal cuyo impacto final en las facturas de los usuarios oscile entre el 17% y el 20%”.
Positino señaló en su exposición que en 2021, en un contexto de crecimiento de la demanda y la generación, hubo una emergencia hídrica caracterizada por la bajante más aguda del caudal del río Paraná en 77 años.
En consecuencia, la generación de energía hidroeléctrica cayó 17,1% y debió recurrirse a una mayor generación térmica (con un mayor consumo de combustibles, que en el caso del gasoil creció un 137%) y, en menor medida, por energías renovables.
La postura de las empresas
En representación de Edesur, Jorge Lemos indicó que la empresa solicita $ 43.236 millones para continuar con la operación en 2022, en tanto Federico Méndez, en nombre de Edenor, fijó ese monto en $ 56.800 millones, lo que hace un total entre las dos compañías de $ 100.036 millones.
El financiamiento de esos recursos adicionales puede hacerse, indicaron, a través de tres vías: aumento de tarifas, subsidios del Estado o bien una combinación de ambas variables.
Previo a la exposición de las distribuidoras, en la audiencia tuvo lugar la intervención de representantes de las compañías transportadoras pidieron un ajuste del 43% para Transener y 44% para Transba, con una incidencia en la tarifa de un usuario residencial del 0,68% y 0,74%, respectivamente. Las propuestas presentadas en la audiencia pública corresponden a la adecuación transitoria del cuadro tarifario, en espera a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se prevé comenzará a regir en 2023.
