La Corte Suprema de Justicia suspendió la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche de Bariloche tras denunciar un caso de “gravedad institucional”. Fue luego de que el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, había ordenado ejecutar el fallo que disponía de esas tierras cuando aún no estaba firme y regía además una medida de no innovar para evitar el traspaso de esas propiedades.
En una decisión inusual, el máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispuso frenar todo pues entendió que “la decisión de ejecutar la sentencia en ese contexto no solo reviste gravedad institucional, sino que, además, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar una medida que preserve la jurisdicción del Tribunal, evitando que se produzcan agravios de muy dificultosa reparación ulterior que impidan el dictado de una sentencia útil en la causa”.
En este expediente, la entonces jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, dispuso el año pasado ordenar al Poder Ejecutivo Nacional la transferencia a título gratuito de las tierras del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, al entender que les correspondían.
El caso fue apelado ante la Cámara de General Roca, que entendió que la medida fue recurrida por el Ejército fuera de término, por lo que dejó firme el fallo de la magistrada, que luego se jubiló. Por la decisión de la Cámara, la fiscalía presentó un recurso ante la Corte.
Tras el fallo de Domínguez, en otra causa, en diciembre pasado, la Cámara Federal porteña dispuso una medida de no innovar para impedir el traspaso de las tierras.
A pesar de esa decisión y cuando el fallo de la Cámara no estaba firme, el 17 de marzo el nuevo juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva avanzó con el traspaso de la propiedad. Tras un reclamo de la comunidad mapuche, Villanueva intimó entonces a que en el plazo máximo de 30 días el Poder Ejecutivo transfiriera el dominio de las tierras al INAI, para traspasar el dominio a la comunidad mapuche.
En el juzgado afirman que no fueron notificados de la medida de no innovar, pero la Corte entendió que el problema es que se estaba ejecutando un fallo que no estaba firme.
En su decisión de esta noche, la Corte señaló que la orden de anotar las tierras a nombre del INAI “implicó avanzar en la ejecución de la sentencia de primera instancia aun cuando no se encontraban configuradas las condiciones expresamente previstas en dicho pronunciamiento para proceder de ese modo, en tanto la decisión no se encuentra firme”.
“A la fecha en la que el juez de primera instancia dispuso la intimación, ya se encontraba vigente la prohibición de innovar ordenada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal”, que había impedido que se anotara la transferencia de tierras a la comunidad mapuche, pues se estaba investigando en el caso a cinco abogados del Estado para determinar si demoraron la apelación del fallo en perjuicio del Ejército, de manera adrede, a fin de beneficiar a los mapuches.
En esa causa donde se dispuso la medida de no innovar se investigan los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato de los auxiliares de justicia. La Corte dijo que se investiga allí si “la sentencia apelada ante esta instancia extraordinaria fue obtenida mediante un actuar ilícito de las partes interesadas”.
La medida cautelar de la Cámara Federal impedía “la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Instituto de Asuntos Indígenas o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras (…) o cualquier otro acto que pudiera significar extraerlas del dominio público”.
Por eso es que la Corte entendió que el avance con la entrega de las tierras a pesar de que el fallo no estaba firme y que estaba en vigor la decisión de la Cámara Federal implica un asunto de “gravedad institucional” que determinó su urgente intervención.
El máximo tribunal actuó luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió que se expidiera en forma urgente sobre la suspensión de la sentencia de la jueza Silvina Domínguez
La jueza Domínguez, que también actuaba el año pasado como subrogante, se jubiló y en su lugar fue designado el juez Villanueva.
