El juez Labriola se opuso a las pretensiones de la defensa. Sostuvo que el ex gobernador fue funcionario público hasta 2019 y luego retomó en las embajadas desde 2020 a 2022, por lo tanto la prescripción no corrió porque estuvo suspendida.
Sin sorpresas, el juez Gervasio Labriola rechazó las pretensiones de los abogados defensores sobre un pedido de prescripción en la causa en que se investiga a Sergio Urribarri por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta decisión implica que se seguirá investigando al ex gobernador, sobre quien ya pesa una condena de 8 años.
Urribarri, entonces, será imputado en la audiencia del 14 de junio. En tanto que Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Martínez lo harán el 16.
Para Labriola, “no es arbitrario, caprichoso ni infundada” la desición que tomó, ratificando así lo resuelto por el juez de Garantías Julián Vergara.
El argumento más importante que valoró Lsbriola fue que Urribarri había sido funcionario hasta 2019, es decir gobernador en el período 2007-2015; y presidente de la Cámara de Diputados 2015 -2019. Luego retomó la función pública en las embajadas desde Israel y Chipre entre los años 2020 a 2022, por lo tanto la prescripción no corrió porque estuvo suspendida.
La defensa, integrada por Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy, habían solicitado la prescripción del delito porque supuestamente habían transcurrido 7 años de la investigación, período en que en un importante tramo no se aportaron elementos.
En la audiencia, para sostener la pesquisa, estuvieron los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
Labriola rechazó el planteo defensivo sobre el apartamiento de “plazos razonables” en los que-según la defensa-se debería haber hecho la investigación. El juez reiteró los años en que Urribarri fue funcionario público, suspendidos durante un año, hasta que asumió el cargo diplomático.
El magistrado hizo referencia a la causa en que juzgó y condenó al ex vicegobernador Héctor Alanís, proceso que llevó 15 años. “Hay un derecho de la sociedad a tener una respuesta de la Justicia para saber lo que ocurrió”, sostuvo Labriola.
En el legajo surge información a la que se llegó por allanamientos ordenados en su momento por los fiscales Santiago Brugo y Yedro. También se hicieron en Buenos Aires, precisamente en el edificio donde está registrada la empresa Kriptax Inc SA, una sociedad anónima que su hijo Mauro y Sergio Damián Urribarri, compraron en el año 2008. La causa se inició por la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
El nombre del empresario Diego Cardona Herreros es inquietante. Este hombre de negocios, de origen paraguayo, está siendo investigado por dos contrataciones realizadas con la empresa “Relevamientos Catastrales”, de su propiedad, con los ministerios de Trabajo y de Economía durante la primera gestión de Urribarri por un valor de $19 millones y $7,8 millones, respectivamente.
