Bordet reconoció implícitamente, pero en forma burda, que burló la ley reiteradamente en forma flagrante y arbitraria durante dos años y que dispuso a su antojo de fondos públicos para distintos fines a los que estaban destinados. O sea, posiblemente estaría in curso, de ser investigado por una justicia imparcial e independiente, en forma apriorística, de los delitos de incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Malversación de caudales públicos. Se habría apropiado en su gestión la administración con abuso de poder cometido por él, de dinero ajeno injustificadamente.
Demás está decir que no es un monarca, que no gobierna discrecionalmente, y que lo debe hacer de acuerdo a la constitución y a la ley. Por el art. 248 del CP está penado el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Ayer formalizó un aumento salarial de 8% en octubre, 8% en noviembre y 8% en diciembre, que se incorporará al salario desde el último mes del año conforme el mecanismo de actualización salarial del que gozan los trabajadores del Poder Judicial y que son dispuestos por la Corte Suprema de Justicia para los judiciales nacionales.
Pero la historia que lo debería obligar a dar explicaciones es la siguiente: La Ley de Emergencia Nº 10.806,dictada en la pandemia de coronavirus en su artículo 10° dispuso que durante un año quedaba suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, y que estarían sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.
Al año dejó de regir y recobró plena vigencia entre otros dispositivos, la Ley N° 10.068 (que dispone la actualización de los haberes de los integrantes del Poder Judicial conforme la movilidad que disponga la Corte). Caprichosamente, en forma ilegal, sin emergencia de ningún tipo, el Gobernador dejó de pagar lo que debía. Ello así puesto que entre los aumentos que otorgó el ejecutivo del 24 por ciento y los que dio la corte del 49,97 había una diferencia de 25,57 por ciento.
En efecto, la Corte por Acuerdos durante ese período de emergencia (34/20 del 18/11/20, 40/20 del 30/12/20, 3/21 del 6/4/21, el N° 9/21 del 7/6/21 estableció un 49,97% acumulado y los que dio Bordet, fueron del 24%.
La diferencia fue una apropiación indebida por parte de la Administración de fondos sin respaldo legal ni constitucional alguno. Les metió, sin razón, directamente y, para graficarlo, la mano en el bolsillo a los empleados judiciales y a la magistratura incumpliendo por capricho con el Art. 1º in fine de la ley Nº 10068.
La calidad institucional de la provincia está seriamente dañada y abrió la puerta para reclamos millonarios para la futura gestión.
Ayer nomás el Colegio de Abogacía de Entre Ríos se alarmaba preventivamente con razón por los dichos de la candidata Patricia Bullrich, sobre contenidos inconstitucionales de futuras normas, pero guardó y guarda sugestivo silencio por las reiteradas malas prácticas consumadas, concretamente por esta confesión que realizó Bordet de incumplir con sus deberes de funcionario público.
La Asociación de la Magistratura, conducida por un ex-dirigente peronista y ex funcionario político, tampoco hizo ninguna alusión al tema, lo que hace juego con el decadente paisaje.
Lo propio se puede decir que ocurrió con el STJER integrado por 5 miembros elegidos a dedo por Bordet (5 de 9).
El mismo silencio reinante ante reiterados escándalos que estallan por irregulares procederes del Consejo de la Magistratura, entre otros, con la Fiscalía Anticorrupción, que algunos luchan para que sea una Fiscalía del Siga Siga.
¿Qué explicación puede dar Bordet del motivo que lo llevó a retener dinero a trabajadores y trabajadoras? Son varios los que quieren cobrar los retroactivos más intereses y el reconocimiento de ayer les estaría dando la razón.
También entorpeció el servicio de justicia por su negligencia. Recordemos que la Malversación de fondos se configura cuando el funcionario público afecta caudales que administra, dando una aplicación diferente de aquella a la que estuvieren destinados. Por regla general este delito se agrava cuando resulta daño o entorpecimiento del servicio. En el caso hubo reiterados paros de los gremios judiciales que entorpecieron el funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo varios escándalos, por el capricho de Bordet.
