Por: Matías Dalmazzo
Luego de que diputados y senadores de la provincia sancionaran la “Ley de Emergencia Solidaria”, fueron muchos los dirigentes provinciales que salieron a cuestionarla; ya sea por perjuicios salariales para con el sector que representan o por el lógico aprovechamiento político que puede hacer la oposición, sobre una iniciativa antipática para una gran porción de ciudadanos.
Con la intención de profundizar sobre este tema, la redacción de La Calle dialogó con Walter Bacón, Secretario General de Agmer del departamento Uruguay.
¿Cómo la aprobación de la ley de emergencia impulsada por el oficialismo provincial en la legislatura de Entre Ríos?
Con mucha bronca y descontento por parte de trabajadores y de los sindicatos, ante una ley regresiva y confiscatoria que claramente ataca de lleno el salario de los trabajadores activos y jubilados; que termina realizando un ajuste sobre los salarios en un momento tan difícil cómo le que se está viviendo en la Argentina y el mundo ante la pandemia.
¿Qué datos precisos pueden aportar desde el sector al cual perteneces, que evidencien un notable perjuicio para con ustedes?
Lo primero que hay que decir es que esta ley, en sus artículos 4, 5 y 6, ataca directamente el salario de trabajadores que lejos están de ser ricos. Cuando la ley prohíbe cobrar un 2 por ciento a partir de salarios nominales de $75.000, en el caso de los activos, estamos hablando de un salario de bolsillo de 58 o 59 mil pesos y en el caso de los jubilados un poco más. Esos salarios corresponden a jubilados y a trabajadores activos; como por ejemplo: profesores con la totalidad de horas, un director de cuarta categoría o de escuela rural o un preceptor que tenga demás horas cátedras. Esos trabajadores están lejos de ser los ricos de Entre Ríos, que son los que verdaderamente deben aportar.
Es una ley absolutamente regresiva desde todo punto de vista, ya que el mismo gobierno ha reconocido que pretende recaudar los 220,000 millones de pesos anuales aproximadamente, de los cuales 150,000 millones los vamos a poner los trabajadores y jubilados de nuestro bolsillo.
Esta ley no tiene absolutamente nada de progresista y por eso nosotros también decimos que no tiene nada de solidaria. Los trabajadores no tienen que pagar la crisis en este momento. Reconocemos La crisis que hay, pero a la vez decimos que los recursos y la reforma tributaria tienen que venir por otro lado. Deben grabar a sectores concentrados del poder económico que han hecho mucha plata durante estos últimos años en la provincia y que siguen haciéndola durante la pandemia.
Entre 2013 y 2014 la CTA presentó un proyecto de reforma tributaria y ahí expresamos claramente de dónde tienen que salir los recursos para nuestra provincia y para solventar la caja de jubilaciones. De ninguna manera los trabajadores podemos ser la variable de ajuste y no se nos puede cargar sobre nuestros hombros la tremenda crisis que se está viviendo.
Luego de sancionarse definitivamente esta ley en la Cámara de Senadores y de aguardar que sea promulgada por el gobernador Gustavo Bordet ¿Cuál sería el plan de lucha de los docentes, en medio de una pandemia mundial que les impide dictar clases, organizar reuniones y asistir a manifestaciones en la vía pública?
Una vez conocida la presentación del proyecto de ley en la semana pasada, nosotros tuvimos nuestro plenario de secretarios generales donde participaron los secretarios de toda la provincia de los 17 departamentos, junto a nuestra comisión directiva central. Así se definió para los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de Julio una desconexión y apagón virtual del sistema educativo que se llevó a cabo los tres días; más las acciones locales que llevamos en cada departamento visibilizando este conflicto.
El rechazo a la ley y al que sea aprobada por las cámaras de diputados y senadores, que finalmente ocurrió este viernes pasado, además de la publicación de una solicitada que salió en este diario y en los diarios de toda la provincia. También tratamos de llevar adelante reuniones con los legisladores provinciales a fin de manifestarle nuestro punto de vista.
Ahora seguramente estaremos viendo las distintas estrategias que llevaremos adelante a partir de la promulgación de la ley, qué entendemos se hará en los próximos días.
¿Se vieron sorprendidos como gremio por esta iniciativa impulsada desde el ejecutivo provincial?
Sí. La verdad que fue sorpresiva la presentación de un proyecto de una ley por parte de gobernador Bordet, a la cual en ningún momento fuimos consultados ni los sindicatos ni los trabajadores. Además, lo más grave es que tampoco se puso a discusión en lo particular de sus artículos en ninguna de las dos cámaras. Se votó y se aprobó en forma exprés sin dar la discusión y el debate del contenido de dicha ley, que como decíamos antes, a los que más perjudica es a los trabajadores y a los jubilados. Lamentablemente el gobierno de la provincia, junto a los legisladores oficialistas, aprobó una ley qué va a afectar miles de jubilados y de trabajadores estatales.
Además del sector docente, existen otros que también cuestionan la iniciativa y amagan con enfrentar de alguna manera esta iniciativa ¿Mantienen contacto con otros sectores que podrían verse afectados para organizar algún plan de lucha?
Nosotros, tanto a nivel provincial como a nivel local, conformamos la multisectorial. En lo provincial, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales, y también a nivel local, participamos dentro del Movimiento Obrero y Social Uruguayense; donde hemos recibido el total apoyo de otros sindicatos a niveles nacional y provincial, como lo son: la central de trabajadores argentinos CGT, La Bancaria, la CTA Municipales y por supuesto la Ctera (que es nuestra organización sindical madre a nivel nacional) Claramente nos hemos unido como bloque para rechazar y enfrentar esta ley. Se ha llevado adelante medidas como las que te contaba anteriormente Y ahora se evaluarán hacia adelante que otras medidas se van a desarrollar.
Claramente nosotros estamos con una paritaria salarial abierta, que de ninguna manera está resuelta porque el gobierno no ha hecho propuestas aún. De repente el gobierno sale con esta ley, que va totalmente a contramano de las políticas nacionales e internacionales que se están llevando adelante, para paliar la crisis de la pandemia mundial.
¿Cómo van a seguir de acá en adelante?
Además de este conflicto por la ley de emergencia votada la semana pasada, tenemos un conflicto salarial abierto con el gobierno provincial, dónde comenzamos allá por el mes de marzo con medidas de fuerza ante la no presentación de una propuesta salarial por parte de gobierno. Tampoco se ha dado a lo largo de este proceso de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es por eso que también a la par del rechazo de ésta ley injusta, reclamamos la urgente apertura de la discusión salarial para todos los docentes, como así también reclamamos que estén las obras y las condiciones de infraestructura de salubridad y sanitarias dadas para el retorno presencial a las escuelas.
El gobierno debe en forma urgente llamar a discutir salarios, como así también hacer la inversión que corresponde en las escuelas para el retorno.
El gobierno debe invertir recursos en salarios docentes, en comedores escolares, a los cuales se les deposita muy poco dinero para alimentar a cada chico todos los días. Además debe cumplir con la paritaria del año pasado, por la cual se deben equiparar los salarios de los directivos de escuelas primarias, que son hoy los que están en el frente de batalla y desde el primer día de la cuarentena han estado junto a las cocineras, abriendo las escuelas para que todos los chicos que necesiten del comedor puedan tenerlo en este tiempo.
Todas estas exigencias y reivindicaciones, la seguiremos dando desde nuestro sindicato como así también la derogación de esta ley injusta mal llamada » ley solidaria».
Fuente. La Calle
