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jueves, junio 24, 2021
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Un fallo a favor de la libertad de expresión

Los miembros de la Cámara Federal de Mar del Plata Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza consideraron que los jueces no tienen derecho a calificar cómo son las relaciones entre periodistas y fuentes. Consideran al fallo un caso testigo para América Latina.

La Cámara Federal de Mar del Plata defendió categóricamente el ejercicio del periodismo de investigación, la libertad de prensa y el derecho al secreto profesional periodístico, al anular los dos procesamientos que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla había dictado contra el periodista de Clarín Daniel Santoro en el caso D’Alessio.

En un fallo considerado un caso testigo para el ejercicio del periodismo de investigación en América Latina, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza señalaron que los delitos de extorsión y coacción atribuidos a Santoro por Ramos Padilla son, en realidad, “un neutral ejercicio de su actividad profesional periodística”. El fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, nunca imputó al periodista de investigación. La resolución también incluye duras críticas al juez de Dolores.

Luego de las consideraciones constitucionales, los jueces concluyeron que Ramos Padilla no probó “mínimamente” que Santoro haya participado de un intento de extorsión al empresario K Mario Cifuentes y de coacción al ex directivo de PDVSA, Brusa Dovat, entre otros casos.

Sobre el intento de extorsión del falso abogado contra el dueño de OPS, Mario Cifuentes, los jueces sostuvieron que con la prueba reunida por Ramos Padilla “no ha sido posible de probar mínimamente, los hechos atribuidos a Santoro solo podrían encuadrarse dentro de su trabajo periodístico”. Tareas profesionales que “–con aciertos o equívocos- no permiten por sí solos –ni aún en el contexto circunstancial referido- considerarlos como contribuciones delictivas a un plan criminal orquestado para extorsionar al empresario Mario Cifuentes”.

Recomendaron a Ramos Padilla, impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para juez electoral de La Plata, saber que “el tratamiento de este tipo de imputaciones en contra de un periodista que se maneja utilizando “fuentes” en su ámbito de investigación profesional, deben ser cuidadosamente analizadas, resguardando celosamente su derecho institucional a informar, desde el contexto de la regla del “escrutinio riguroso””.

El fallo valorizó los testimonios del director del diario Río Negro, Italo Pisani, quien realizó la primera investigación sobre Cifuentes y de su colega Tato Young. En casi 20 años que Young trabajó con Santoro, dijo que “jamás había escuchado que hubiese recibido algún beneficio económico, soborno, o hubiese sido amenazado, o hubiera amenazado o coaccionado o extorsionado a un tercero”.

En cuanto a la “prueba” de Ramos Padilla sobre la aparición de datos que tenía D’Alessio en un artículo de Santoro, dijeron que parece corresponderse “más al carácter de fuente del periodista investigado, que a una connivencia entre ambos” para extorsionar al Cifuentes, cuyo patrimonio creció durante las presidencias de los Kirchner. Santoro es defendido por los abogados Mauricio De Nuñez y Guido Sciarreta.

D’Alessio tenía a unos 20 periodistas como fuentes. Por ejemplo, a Eduardo Feinmman, quien “así lo manifestó en su declaración testimonial del principal expediente, donde además hizo referencia a la particular personalidad del informante”.

Luego de un largo análisis del caso de Brusa Dovat, entrevistado por Santoro para este diario en el restaurante Sarkis de Palermo sobre supuestos negociados de PDVSA, los camaristas señalaron que el querellante “no fue entrevistado contra su voluntad y tampoco se debe olvidar que luego le siguieron otras reuniones con otros tres periodistas”. Por lo que resulta poco creíble la afirmación de ese testigo sobre que había sido forzado para acceder a la nota y, en todo caso, Santoro no había tenido ninguna participación anterior o posterior en una supuesta maniobra coactiva en la que se estaba usando su nombre”. Brusa Dovat quedó así expuesto a una eventual demanda por falsa denuncia.

Luego el fallo rechazó un hipotético direccionamiento de las declaraciones del financista arrepentido Leonardo Fariña contra el ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, el camarista Jiménez disintió con Ramos Padilla. El juez de Dolores denunció un “guionado” en el marco de una “conspiración” cuando, en realidad, fue una discusión entre Santoro y Luis Majul para tener una entrevista exclusiva con Fariña.

“En “cuanto a los “efectos” (en la acusación del juez), no se advierte -ni siquiera con la precariedad que caracteriza a esta etapa- que las constancias de la causa resulten bastantes para sostener que nos encontramos frente a una instigación a cometer el falso testimonio” de Fariña, dijo el camarista. Por el contrario, “resulta evidente el interés periodístico que revestían en ese momento las declaraciones de un personaje de alta notoriedad, en aquella realidad informativa, máxime encontrándose ligado a investigaciones judiciales de casos de corrupción”. .

El tribunal de alzada antes de fallar consideró los antecedentes para encuadrar el caso que habían presentado como amicus curiae, los constitucionalistas Antonio María Hernández y Andrés Gil Domínguez y la abogada Marta Nercellas. Esta acompañó la solicitud de Alinda Vermeer, directora encargada de la organización Media Legal Defense Initiative (MLDI) y de Fernando Ruiz, presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Un cuarto amicus, presentado por el constitucionalista Daniel Sabsay y los ex jueces Luis Herrero y Ricardo Guibourg fue apreciado por el tribunal pero no entró dentro de los plazos procesales.

En su voto, el juez Jiménez –quien es profesor de derecho Constitucional- dijo que se “impone una mirada en extremo cuidadosa a fin de impedir que una resolución judicial se transforme directa o tangencialmente en una cortapisa a la libertad de prensa y sancione prácticas que se presentan en la relación de un periodista con su fuente de información, particularmente en procesos de periodismo de investigación”. Para los camaristas, Ramos Padilla no tuvo ese mirada frente a la libertad de prensa y en algunos casos tomó decisiones sin pruebas y en forma “infantil”.

Jiménez aclaró que “los magistrados actuantes en causas judiciales no han sido investidos en sus cargos para juzgar la calidad o contenido de un trabajo periodístico, ni mucho menos, para apostrofar acerca de la manera en que un periodista se vincula con su fuente”. Ramos Padilla pidió a la Comisión Provincial de la Memoria, que presidente el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, si las notas y los vínculos de Santoro con D’Alessio constituían “operaciones de acción psicológica”.

Estas “cuestiones, en todo caso, podrán quedar sujetas a un juicio ético o de credibilidad de su trabajo, que incumbe a la sociedad que consume su producto periodístico, y no a los jueces, siempre, claro está, que no se esté frente a la comisión de un delito”, agregó el camarista.

Jiménez, citando jurisprudencia internacional, aplicó el llamado “test de escrutinio riguroso, efectuando un test de balance -“balancing test”-, señalando que la libertad de expresión e investigación periodística debe ser defendida y preservada si no se acredita en la causa un interés de peso suficiente que permita “abrir esta puerta”” cerrada por la Constitución.

Los jueces no deben meterse, a su criterio, en la relación entre fuentes y periodistas porque “esa puerta resguarda la estructura del gobierno democrático”. Siempre y cuando, el periodista involucrado “no promueve la violencia, la violación a las leyes, o las viola en sí mismas, lo que debe ser en todos los casos, claramente acreditado para poder dejar de lado tal grave garantía constitucional y promover un procesamiento”.

“Esta protección privilegiada debe prevalecer, sin perjuicio de cuan ilegales se presuman las fuentes de la información obtenida, o, qué importante fue la intrusión que ella envuelve en los ámbitos de privacidad”, añadió. Tampoco debe romperse el secreto profesional “sin perjuicio de la posible demostración de su falsedad, o cuan perjudicial pudiese ser para personas inocentes, o lo perverso de su motivación, sin que exista un argumento probatorio de peso para hacerlo”, añadió.

Jiménez, que escribió casi un minitratado sobre el secreto profesional periodístico, dijo que los jueces “deben extremar los deberes de cuidado respecto de tal libertad preferida, debiendo vigilar celosamente el resguardo de la manda constitucional referida a preservar el derecho de todo periodista a no revelar sus fuentes de información. Salvo el caso de darse especialísimos supuestos, que, por cierto, no acaecen en el caso” Santoro.

Citó un discurso del ex convencional constituyente Antonio María Hernández titulado “La Reforma Constitucional de 1994 y el secreto de las fuentes información periodística” y destacó “la importancia para una sociedad democrática de la prohibición de obligar a los periodistas a revelar su fuente, pues mantener el anonimato de los informantes les brinda seguridad, y constituye un incentivo para que salga a la luz información que de otra manera continuaría oculta, tal es así que se incorporó en el art. 43 de la Carta Magna de manera expresa, precisamente a razón de la propuesta elaborada por el Dr. Hernández”. Ramos Padilla pidió un informe con las llamadas entradas y salientes de Santoro de los últimos tres años, pero luego de que el premiado periodista de investigación reclamó el respeto de su secreto profesionales, lo destruyó pero por su derecho “a la privacidad”.

Para Hernández, quien presentó un amicus curiae, “se han afectado los derechos constitucionales del periodista Daniel Santoro, por violación de los arts. 43 de la Constitución Nacional y 13 del Pacto de San José de Costa Rica” y esas violaciones constitucionales se observan en tres aspectos: “La solicitud al periodista de sus registros de llamadas. Las graves advertencias formuladas en relación al ejercicio de su profesión y el pedido de intervención de la la Comisión Provincial de la Memoria”.

Por su parte, la solicitud de “Media Legal Defense Initiative” (MLDI) y FOPEA enuncia que “los casos presentados contra el señor Santoro, de no ser revisados en concordancia con los estándares internacionales de libertad de expresión, pueden impactar en un periodista reportando en asuntos de interés público. Señala que “criminalizar la actividad periodística en el contexto de investigaciones de corrupción puede demostrar un interés claro de parte de las autoridades de controlar dicha actividad y prevenir la exposición de la verdad”. Y finalmente, el reconocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez defendió a Santoro al evaluar “los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la información vinculado con el ejercicio de la profesión de periodista de investigación.”

En su voto, Jiménez destacó que los medios de comunicación independientes “tienen un papel informativo clave en la difusión del conocimiento y en el fomento del escrutinio estricto”. “Puede mencionarse el importante papel del periodismo de investigación que permite acceder a información que de otra forma hubiera permanecido escondida”, destacó.

Por su parte, el camarista Tazza dijo que se valió de las apreciaciones de Jiménez “en cuanto advierte con total claridad y precisión que las conductas que se imputan al acusado Santoro se habrían llevado con motivo del ejercicio y por medio de su rol de periodista”. En consecuencia, “a la categórica valoración que de los hechos con relación al ejercicio de su profesión formula en torno a lo sucedido y atribuido, todo ello valorado dentro del marco contextual pertinente, realizado con el sano propósito de rescatar aquellos principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión en tal sentido”, destacó Tazza.

Dijo que de no tutelarse el secreto profesional periodístico los ciudadanos “se verían impedidos de estar informados debidamente so pretexto de que alguien quede expuesto por revelación de la fuente privada de información”. “Ello no significa que el rol de periodista represente de por sí, un campo de impunidad que lo coloque por encima de la ley. No significa que alguien pueda cometer alegremente un delito y por su condición periodística ser inalcanzable por el sistema punitivo”, aclaró finalmente el camarista Tazza.

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