Tras 11 horas de sesión, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó, este martes, la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, con 132 votos a favor, en tanto que fueron 119 los negativos.
La norma establece la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial medida por la evolución de los salarios formales que realiza el Ministerio de Trabajo (RIPTE) y de los salarios que mide el Indec, en donde se impondrá el que sea mayor.
Durante su alocución, Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión Bicameral Mixta de Previsión Social, enfatizó: “Lo que nosotros queremos no es intentar preservar el poder adquisitivo de los jubilados, sino que queremos preservarlos y aumentarlos. Que haya un proceso de redistribución de la riqueza en la Argentina”.
Dijo que esta modificación del esquema de movilidad jubilatoria “tiene una incidencia directa sobre 7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina y sobre 17 millones de personas si además consideramos a los beneficiarios de las políticas sociales”.
“El objetivo de este gobierno es que crezca la Argentina y que los beneficios de ese crecimiento lleguen a los trabajadores y a los jubilados. Por eso vinculamos la fórmula con dos variables esenciales: los salarios de los trabajadores en actividad y las mejoras en la recaudación”, enfatizó y agregó: “Estamos convencidos de que a partir de la recuperación económica de la Argentina en salida de la pandemia hay que discutir las paritarias y tiene que haber mejoras para los trabajadores. En ese sentido, queremos que esas mejoras que se acuerden, lleguen a los jubilados”.
En ese sentido, Casaretto aseguró que “ésta es una muy buena ley para los jubilados y para los argentinos y el tiempo nos dará la razón, cuando dentro de un, dos o tres años vayamos comparando, viendo como la Argentina creció y como mejoramos el poder adquisitivo de los jubilados”.
