A medida que el aislamiento dio lugar al distanciamiento social, y la consecuente recuperación moderada de la economía, el Gobierno comenzó a recalibrar la asistencia de emergencia dispuesta al inicio de la pandemia del coronavirus, en coincidencia con las condiciones más extremas de la cuarentena.
Concretamente, desde marzo el Estado destinó casi 6 puntos del PBI a las transferencias por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al salario complementario vía la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y los créditos a empresas y monotributistas y autónomos.
Un ejemplo del impacto de la asistencia del Estado estuvo dado por el IFE, el bono extraordinario de $10 mil, que alcanzó a casi 9 millones de familias argentinas, y evitó, según datos oficiales, que entre 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la pobreza y entre 1,8 y 3,1 millones de personas caigan en la indigencia. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó en declaraciones a Radio 10 que “sin la presencia del Estado, la indigencia hubiese llegado al 27,9 por ciento. De acuerdo al informe de la UCA, la indigencia llega a un 10 por ciento, y esa diferencia de más de 18 puntos se entiende por las políticas públicas que se pusieron en marcha para amortiguar la caída”.
Otro aspecto importante fue la amplia Moratoria 2020, que hasta el momento tuvo una adhesión que superó los 660 mil planes. Los datos preliminares, muestran que los contribuyentes regularizaron deudas por un monto superior a los $390 mil millones. Las obligaciones ingresadas en la moratoria representan el 72% del monto total de las deudas registradas en los sistemas de la AFIP, y los contribuyentes que regularizaron obligaciones, accedieron a una quita promedio del 34% de sus deudas, lo que supone un esfuerzo fiscal de $133 mil millones. El sector industrial regularizó deudas por 76 mil millones de pesos, lo que representa un 20% del total de las deudas, las cuales podrán pagarse en planes y con reducción de carga de intereses a través de la Moratoria, publicó Ámbito Financiero.
Ahora, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con el objetivo de ingresar en una etapa de normalización de la economía, el equipo económico que conduce el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya adelantó que el déficit de este año terminará entre 6,5% y 7% del PBI, por debajo del resultado fiscal primario de $2,2 billones, equivalente al 8% del PBI, que estaba fijado en el Presupuesto 2021. Una señal hacia adentro y afuera para encaminar las expectativas económicas e intentar llevar certidumbre hacia 2021.
Con el ATP en fase 8, el Gobierno está aplicando una sintonía fina para seguir ayudando con el pago del salario complementario a los sectores críticos más afectados por la pandemia como los son el turismo y las industrias culturales, entre otros. Puntualmente, el pago del salario complementario correspondiente al mes de noviembre fue utilizado por 33.873 empresas, lo que representa un universo de 536.312 trabajadores con una inversión por parte del Estado superior a los $10 mil millones.
