Siete años, se cumplen hoy martes 18 de enero, de uno de los días de mayor conmoción social y política en la Argentina: en horas de la noche de aquel domingo, la noticia de que habían encontrado muerto al entonces fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación Amia (UFI-Amia), Alberto Nisman, sacudía la agenda pública y la tranquilidad del último día de la semana. El mismo tiempo cumple una causa judicial que oficialmente está centrada en torno a la hipótesis de que al funcionario judicial lo mataron, que tiene cinco procesados y que en la actualidad tiene al menos tres frentes abiertos.
Una pericia informática, un incendio en la Casa Rosada y las declaraciones de ex espías y agentes de inteligencia. Se trata de los tres procesos investigativos que están en marcha en el expediente judicial que está alojado en Comodoro Py a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.
El curioso chiste de Lagomarsino en una entrevista: “¿Le podés dar un tiro en la cabeza?”
En primer lugar, la pericia es sobre material informático que se le secuestró a Diego Lagomarsino, el perito informático procesado como partícipe necesario de la muerte de Nisman por haberle prestado el arma del que salió la bala mortal. Es que en septiembre pasado, la Corte Suprema le puso fin a una puja entre la defensa del informático y la Justicia por el análisis de una notebook, un teléfono y otros dispositivos, y avaló el estudio que está en marcha.
“Son dispositivos que se secuestraron en 2017, más de dos años y medio después del hecho y no hay nada previo a 2015 ya que mi teléfono fue comprado mucho tiempo después. Contiene comunicaciones entre abogado y cliente, por eso no debería ser el fiscal que discrimine qué es útil a la causa y qué no“, insistió Lagomarsino ante una consulta de PERFIL.
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Ese análisis se lleva a cabo en un marco en que la Justicia tiene como hipótesis principal que a Nisman lo mataron y que supuestamente fueron al menos dos personas que lo golpearon y le hicieron injerir ketamina antes de hacerlo. Al menos así lo marca la pericia que hizo la Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
Los otros frentes de investigación
Mientras buscan dar con los dos supuestos partícipes de la muerte del fiscal, también están procesados cuatro de sus custodios por no haber advertido la situación. El lado opuesto del escenario ubica al oficialismo y al propio Lagormarsino que insisten en que en realidad fue un suicidio.
Así las cosas, una vez que termine la feria judicial de verano, está previsto que la causa se mueva con la ronda de declaraciones testimoniales a varios ex agentes y funcionarios de la entonces Secretaría de Inteligencia, hoy Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
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De acuerdo a la información reflejada por los medios, originalmente la lista era de entre 50 y 80 agentes, pero con el pasar del tiempo se fueron desestimando muchos testimonios y restarían menos de diez. El objetivo de ese trabajo es ahondar en un contexto sindicado como una “guerra de espías”, que detectó la fiscalía a través de una importante cantidad de llamados entre teléfonos que respondían a un sector del organismo vinculado al ex director de Contrainteligencia, Jaime Stiuso, y, por otro lado, al ex director de Reunión, Fernando Pocino.
En tanto, otro de los puntos pendientes para resolver gira en torno a un llamativo episodio que ocurrió en la Casa Rosada un día antes de que apareciera muerto el fiscal en su departamento del piso 12 de la Torre Le Parq de Puerto Madero. Se trata de un incendio que destruyó los discos donde se guardaban los registros de ingresos y egresos a la sede del Poder Ejecutivo. A propósito, Taiano pretende establecer si ese episodio tuvo o no alguna relación con la muerte de Nisman.
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Cronología de la muerte del fiscal Nisman
Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento la noche del domingo 18 de enero del 2015, luego de varias horas sin establecer comunicaciones con el exterior. Yacía en el piso rodeado de un manchón de sangre que en algunas zonas ya se había secado y tenía un tiro en la cabeza. A su lado estaba la pistola Bersa calibre 22 que le había prestado su asesor informático.
La noticia fue informada aquella noche de manera oficial a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad, en ese entonces a cargo de Sergio Berni, funcionario que se apersonó en el lugar, lo que generó muchos cuestionamientos. En ese documento se daba a conocer que el caso había quedado en manos del juez Manuel Arturo de Campos y la fiscal Viviana Fein, otra cuestionada por no preservar correctamente la escena del crimen.
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En esa primera etapa de la investigación se ordenaron algunas medidas de prueba y también se realizó un estudio por parte de una Junta Médica integrada por peritos del Cuerpo Médico Forense, de la Policía Federal, de la querella y de la defensa. El resultado determinó que no había indicadores que inclinen la balanza en favor de la teoría del homicidio.
Pero unos meses después, tras una declaración de incompetencia de la jueza Fabiana Palmaghini, la Corte Suprema determinó que la competencia le correspondía a los juzgados federales y remitió el expediente a Comodoro Py. En ese territorio, el expediente quedó en manos del juez Ercolini y el fiscal Taiano, quienes dieron el aval para la realización de una nueva pericia que le encargaron a la Gendarmería Nacional.
Ese estudio tuvo un resultado diferente al anterior y concluyó en que al menos dos personas habían participado de la muerte del fiscal, quien, siempre según la postura del informe, fue asesinado. El documento, que para la gestión del Frente de Todos en el Ministerio de Seguridad no se realizó bajo los protocolos correctos, sustenta la versión oficial y la que comparte Sandra Arroyo Salgado, la jueza de San Isidro que es madre de las hijas del fallecido fiscal y hasta hace algunos años querellante en la causa.
A pesar del paso del tiempo y la creencia oficial en la postura del asesinato, los supuestos responsables no fueron identificados y atrás de ese dato están los funcionarios judiciales.
CFK: apelarán el sobreseimiento en la causa AMIA
La semana previa a ser encontrado muerto en su departamento, el entonces titular de la UFI – Amia había tenido una alta participación en los medios de comunicación. Promocionaba una denuncia que prometía alto impacto en la que se acusaba a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a varios funcionarios por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum con Irán.
Esa causa fue cerrada este año por la Justicia, aunque está pendiente una resolución de Cámara de Casación a la apelación de la querella. Así, la muerte de Nisman cumple 7 años en un contexto de profundas dudas y misterio.
