La nueva oferta de Guzmán supera los USD 50, pero un grupo de acreedores se resiste a aceptarla

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Todo indica que ahora sí sería inminente la presentación de una nueva propuesta para el canje de deuda por parte de Martín Guzmán, que al menos en su formalidad se trata de una “enmienda” de la original presentada a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos. A diferencia de aquella propuesta que venció el 22 de mayo con muy escasa aceptación, esta oferta es mucho más atractiva: su valor supera a los USD 50 (por cada USD 100 de valor nominal) más un cupón atado a la evolución de las exportaciones agropecuarias.

A un rendimiento estimado de los futuros bonos en 10%, la anterior propuesta tenía un valor presente de USD 40, por lo que la mejora es bastante sustancial. Ya Guzmán había presentado una nueva oferta preliminar, que nunca se oficializó, cuyo valor se estiraba a los USD 47. Se estima que ahora la mejora será marginal, aunque con el agregado del cupón, cuya valuación por parte del mercado es un misterio. Tampoco se conoce aún a partir de qué nivel de aumento de las exportaciones se gatillaría el pago.

Al tiempo que se termina de preparar la oferta, habrá una nueva prórroga en el plazo de cierre para poder seguir negociando. Supuestamente hoy era el último día para aceptar la transacción, pero ni siquiera aún fue presentada la propuesta, por lo que los plazos se estirarían otros diez días aproximadamente.

Para llegar a la nueva oferta habrá una menor quita de capital, reducción del “período de gracia” para comenzar a pagar intereses y podría haber una mejora aunque no muy significativa en el cupón de los principales bonos. Además, el cupón atado a exportaciones es un incentivo para apostar a la recuperación de la economía, pero sobre todo a la habilidad del Gobierno en conseguir más divisas genuinas a través del comercio exterior.

 Entre las mejoras que se introducirán a la oferta original y el cupón atado a las exportaciones agroopecuarias, el valor presenta de la propuesta que prepara Martín Guzmán supera los USD 50. Los tenedores de bonos Par y Discount, sin embargo, presionan para obtener una mejora adicional

El objetivo del ministro de Economía es conseguir un grado de aceptación alto, lo suficiente como para arrastrar al resto de los bonistas a partir de la aplicación de las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC) que aparecen en los títulos. En el caso de los bonos emtidos en 2016, es decir durante el gobierno de Mauricio Macri, se requiere un 66% de aceptación de una serie para que el resto de los acreedores ingrese a la fuerza al canje. Con esta nueva propuesta existe una chance relativamente alta de lograrlo.

El principal escollo sigue estando por el lado del grupo denominado Exchange Bondholders, donde participan algunos fondos internacionales como HBK Investment, Monarch Alternative, Pharo Management y Redwood Capital. En su mayoría son tenedores de bonos del canje 2005, es decir poseen Par y Discount. Este grupo, representado por el famoso abogado Dennis Hranitzky (que en su momento trabajó para Paul Singer), quiere una oferta superadora porque posee papeles que le brindan más protección. Esto se debe a las cláusulas de emisión, que entre otros aspectos exigen un 85% de aprobación de cada serie para obligar al resto a aceptar la oferta.

Ayer Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y con estrechos vinculos con ministro Guzmán, fue ayer duro en sus apreciaciones: “Algunos acreedores no tienen vergüenza. Demandan algo que no es sostenible para la Argentina”Todo indica que dirigió sus dardos a aquel grupo que se mantiene firme en su postura. En el mercado aseguran, sin embargo, que la diferencia es a lo sumo de USD 5, lo que no termina siendo algo demasiado significativo a lo largo de los años.

 El principal escollo para el gobierno es el grupo de tenedores de bonos par y Discount, surgidos del canje de 2005, ya que esos títulos cuentan con una mayor protección. La oferta del gobierno requiere un 85% de aprobación de cada serie para ser aceptada.

Las negociaciones se mantienen bajo acuerdos de estricta confidencialidad. Esto significa que además de no revelarse los detalles, los bonistas se comprometen a no litigar contra la Argentina, que técnicamente ya se encuentra en default desde el 22 de mayo, cuando incumplió con el pago de U$S 503 millones de intereses. Pero se está caminando sobre un terreno resbaladizo. Si llegara a estirarse más el plazo para una definición, los bonos podrían empezar a cambiar de manos y otros fondos podrían estar interesados en ir a juicio.

Nada indica que la exigencia de los acreedores podría modificarse por la ofensiva del Gobierno contra Vicentín para avanzar en una expropiación. Sin embargo, si se enrarece el horizonte de inversiones está claro que el rendimiento de los bonos argentinos podría superar tranquilamente el 10% anual que se está mencionando como posible nivel una vez que finalice la reestructuración. Si la deuda rindiera por encima de ese parámetro, sería muy complicado tanto para las provincias como para las empresas conseguir financiamiento internacional.  Por