El juicio contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Daniel Urribarri, quien está imputado por varios delitos de administración durante el tiempo en que ejerció la primera magistratura provincial, no tiene fecha concreta de finalización, a pesar del calendario de audiencias que en teoría estableció la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA).
Así lo dio a entender uno de los integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Elvio Garzón (los otros dos son José María Chémez y Carolina Castagno).
En una entrevista radial (Radio de La Plaza de Paraná), Garzón rompió el ritual silencio que suelen guardar los magistrados que transitan audiencias de juicios orales y públicos, incluso en este caso de amplias repercusiones políticas y diplomáticas.
No es casual que en la provincia y en el país se hable de un megajuicio por la cantidad de imputados, la diversidad de delitos enrostrados y la relevancia de algunos de sus protagonistas. En rigor, en este proceso se ventilan varias causas acumuladas que van desde contrataciones oficiales a las imprentas del ex cuñado de Urribarri y ex secretario de la Cámara de Senadores de la provincia, Juan Pablo Aguilera, al pago de avisos de campaña con fondos públicos, como así también otras presuntas desviaciones de fondos públicos para acciones proselitistas.
Los que concitan mayor atención pública durante este juicio son Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez (hombre de estrecha relación con el ex mandatario y actual embajador); como así también el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó, que está entre los procesados.
Como en muchos juicios, el que tiene en el banquillo al ex gobernador, posee nombres de fantasía con los que la prensa -pero también las partes del proceso-, comenzaron a denominar a los distintos tramos de la causa. A uno se lo llama “La causa de la vaca”, porque como prueba de que una serie de carteles ruteros contratados por el gobierno fueron instalados en espacios publicitarios a la vera de las rutas, se enviaban a los organismos de control administrativo fotografías de tales carteles, pero donde siempre aparece, de forma casual, la misma vaca en una misma pose. Eso hizo presumir que se trataba de montajes de imágenes y no de una toma fotográfica. También está la causa denominada “Sueño entrerriano”, bautizada con el eslogan de campaña de Urribarri en su fallido intento en la carrera presidencial de 2015.
Menos informal en su nombre, la “Causa Cumbre del Mercosur” se centra en los gastos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Concretamente allí, la fiscalía puso la lupa en la contratación por 28,4 millones de pesos a la firma Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez, que supuestamente estaban destinados a financiar cuatro spots publicitarios.
Para la parte acusadora, esa suma “fue aplicada para beneficio personal de Urribarri, a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015″, según escribió en el expediente el Ministerio Público Fiscal. De Corcho Rodríguez, que saltó a la fama cuando fue pareja de Susana Giménez, la fiscalía dice que “además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.
La causa incluye un expediente por la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata, que le costó a la provincia de Entre Ríos 14 millones de pesos y que era un elemento de campaña para la fiscalía y un parador de promoción turística para los defensores.
El tribunal integrado por los jueces José María Chémez, Carolina Castagno y Elvio Garzón y peste último rompió el tradicional mutismo de los magistrados.
“Esta es una causa muy compleja, no solo por la cantidad de personas imputadas, además de la cantidad de testigos y de la documental que hay que analizar. Y la cantidad de partes que existen”, expresó el magistrado en Radio de La Plaza de Paraná para que se comprenda que se está ante una “causa muy compleja”.
Sin tiempos
Al ser consultado cómo se analiza toda esa información variada, el juez Garzón describió: “Van a declarar los testigos. Nosotros anotamos aquellas cosas que nos parecen relevantes y también hay que escuchar. Sin perjuicio de ello, tenemos en el Tribunal de Juicio asistentes que hacen un trabajo digno de destacar. Porque todas esas testimoniales que se van produciendo, se graba. En rigor, todo el juicio se graba a los fines de tener el resguardo y así lo exige la ley. Posteriormente, las personas que trabajan en el Tribunal de Juicio van desgrabando esas testimoniales. Llegado el momento, nosotros vamos a evaluar no solo esa prueba testimonial sino todo el material probatorio que las partes nos han puesto a disposición”.
Hasta ahora han dado su testimonio trece personas. Esto implica que todavía faltan 129. “Algunos han manifestado que harán uso de declarar por escrito, en el caso de aquellos que ejercen determinados cargos en el gobierno”, aclaró el juez para referirse a ministros, vicegobernador y gobernador en funciones.
En cuanto al tiempo estipulado que demandará este mega juicio, Garzón fue cauto: “Eso no lo puedo decir. La cantidad de testigos previstos, lo que puede insumir cada testimonio, las vicisitudes que puede tener este juicio es algo realmente impredecible. Si bien en su momento de había confeccionado un calendario, todo es relativo en función de los tiempos de cada testigo”.
“Desconocemos cuánto tiempo declarará el testigo que asistirá en la próxima audiencia”, ejemplificó Garzón.
Audiencias
El 27 de septiembre pasado comenzó el denomina “Juicio complejo” por los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la Administración Pública. Se trata de la causa por los Legajos OGA números 11.808, 4.385 y expediente 6.399, “Urribarri, Sergio Daniel, otras y otros”, quienes son juzgados por peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la Administración Pública”.
Las audiencias se realizan los lunes, martes y jueves de cada semana y son transmitida en vivo por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ, al que se accede en forma directa desde la página del Poder Judicial www.jusentrerios.gov.ar.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná (integrado por el juez José María Chemez, la juez Carolina Castagno y el juez Elvio Garzón), dispuso el inicio del debate y autorizó oportunamente la presencialidad de todas las partes y hasta un máximo de 35 personas por jornada, cantidad que no alcanza al 100 por ciento del aforo del salón (47 asistentes).
A partir del 12 de octubre comenzaron las declaraciones de testigos.
Por el Ministerio Público Fiscal está presente la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, la fiscal Patricia Yedro, y los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.
Los 15 imputados en las causas son Sergio Daniel Urribarri; Pedro Ángel Báez; Gustavo Javier Tórtul; Hugo Félix Céspedes; Juan Pablo Aguilera; Corina Elizabeth Cargnel; Hugo José María Marsó; Gerardo Daniel Caruso; Hugo Montañana; Gustavo Tamay; Luciana Almada; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada; Maximiliano Sena y Germán Esteban Buffa.
Sergio Urribarri comparece de manera remota desde Israel.
