El Ministerio de Economía y el Fondo necesitan un consenso sobre cómo quedará establecido el programa en lo que resta del año. El número final de impacto de la sequía, una de las variables principales en discusión. Se espera una señal pública del organismo
El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional intensificarán en las próximas horas la negociación técnica que iniciaron hace tres semanas para reformatear el programa vigente y llegar a un acuerdo técnico que le permita al Ministerio de Economía contar con desembolsos anticipados y una recalibración de las metas del acuerdo firmado en marzo del año pasado. En la hoja de ruta que planea el Palacio de Hacienda ese consenso podría alcanzarse la última semana de mayo.
Hace poco más de veinte días el equipo económico regresó de Washington, donde había participado de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial, con un aval de los altos mandos políticos del Fondo para avanzar en una renegociación integral del acuerdo Extended Fund Facility (EFF) a la luz de que sus metas trimestrales ya asomaban como de imposible cumplimiento por el impacto mucho más elevado de lo esperado de la sequía en las cuentas públicas.
Desde ese momento los interlocutores principales de Economía con el organismo se involucraron en conversaciones técnicas -siempre de modo remoto- para llegar a acordar cómo debería ser la próxima etapa del EFF. Básicamente, si habría posibilidades de recibir por adelantado los desembolsos de lo que resta del año -algo más de USD 10.700 millones que según el calendario original deberían llegar junio, septiembre y diciembre- y cuáles serían las nuevas metas condicionales.
Las negociaciones son conducidas por el jefe de asesores del Palacio de Hacienda Leonardo Madcur y por el viceministro Gabriel Rubinstein. En las próximas horas el contacto seguirá de forma remota y en el Gobierno esperan alguna señal pública este lunes del staff del Fondo Monetario que indique cómo continuarán las conversaciones.
El escenario que trazan en los despachos del Ministerio de Economía, según indicaron a Infobae altas fuentes oficiales, marca que en la última semana de mayo debería estar concluido el acuerdo técnico con el staff, esto es: determinar qué ritmo tendrán los desembolsos y cómo quedarán los objetivos de acumulación de reservas, de déficit primario y de emisión monetaria para asistir al Tesoro. Si en el cierre del mes concluyera la negociación técnica, en la primera quincena de junio el Staff Level Agreement (el consenso técnico preliminar) sería elevado al directorio para su discusión. La fecha tiene explicación: el próximo vencimiento.
Con una ayudita de los amigos
En términos generales, se suele interpretar que un acuerdo técnico implica, de antemano, algún visto bueno general del directorio. La semana pasada había trascendido, según la agencia internacional Bloomberg, que el gobierno de los Estados Unidos apoyaría la posición argentina, sujeto a que en Buenos Aires y Washington hubiese un apretón de manos primero sobre cómo funcionaría en términos técnicos la recalibración de metas y desembolsos. No hay en lo inmediato un viaje planificado a la capital norteamericana, pero sí esperan en el Ministerio de Economía que el propio Massa se suba al avión cuando las diferencias sean saldadas y solo reste el anuncio oficial.
Uno de los números principales en el tironeo desde ambos lados de la mesa es el impacto final que tiene la sequía en las cuentas públicas, entre el ingreso menor de dólares de exportaciones y la recaudación recortada de retenciones. El número que asoma en el sector privado es de USD 20.000 millones. En el último reporte del staff el FMI concedía menos de un tercio de esa cifra, aunque estaba realizado con proyecciones a fines de enero, y desde ese momento la situación empeoró.
Uno de los principales tironeos es sobre el impacto final de la sequía
Los más de USD 10.500 millones de desembolsos que eventualmente el Fondo Monetario podría anticipar se tratan, en rigor, de envíos de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Gobierno deberá utilizar a lo largo del año para devolvérselos al propio Fondo, no existe en esa cifra a priori un financiamiento “neto” adicional, y de hecho tampoco llega a cubrir el total de vencimientos que restan en lo que queda de 2023 (restan pagar 8.450 millones de DEG y los desembolsos pendientes suman 8.000 millones).
Vino y se fue
Sin ir más lejos, el Gobierno le pagó en los últimos días poco menos de USD 800 millones al Fondo Monetario Internacional y así agotó el último desembolso recibido por el Ministerio de Economía el último día de marzo. Con el pago de la semana pasada, que en este caso se trata de intereses del crédito Stand By de 2018, el Poder Ejecutivo se desprendió ya de los 4 mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario había enviado a fines de marzo tras la última autorización del directorio.
Ese número se desagrega en 3 mil millones de dólares que corresponden a junio y 2.500 millones más para septiembre y para diciembre. A valor de conversión de hoy entre DEGs y el dólar, representarían unos USD 4.030 millones en junio y de USD 3.360 millones para las últimas dos instancias. En el paisaje general del acuerdo esos tres envíos desde Washington prácticamente representan los últimos desembolsos relevantes del programa Extended Fund Facility (EFF). Para 2024 solo quedarían otros tres por un total de USD 3.200 millones.
En los últimos días el Ejecutivo dejó saber que el ahorro en subsidios podría ser mayor a lo planificado en el acuerdo con el Fondo
La negociación también versa sobre bajo qué condiciones el FMI podría aceptar una concesión así, ya que como los desembolsos tienen como objetivo cubrir los vencimientos con el propio Fondo, el organismo buscaría garantías para evitar que esos dólares sean utilizados, por ejemplo, para intervenir en el mercado cambiario.
La cuestión fiscal también está sobre la mesa. En los últimos días el Poder Ejecutivo dejó saber que el ahorro en el gasto en subsidios este año podría ser mayor a lo planificado de manera original en el acuerdo con el Fondo, lo que le daría un espacio fiscal mayor y, si el resto de las variables de gasto siguiera tal lo planificado, mostrar una reducción del déficit primario más rápido de lo previsto.
En números: la progresión marca que en 2022 los subsidios energéticos terminaron por representar el 1,9% del Producto Bruto. El recorte esperado para este año en el escenario base que se trazaron el Fondo Monetario y el Gobierno ubicaba esa cifra en 1,5% del PBI. De todas formas, con el ajuste en ese gasto que se inició con mayor fuerza este mes -los usuarios de energía eléctrica con mayores ingresos no contarán con ningún tipo de asistencia y pagarán tarifa plena- ahora el Ministerio de Economía terminaría el año con un presupuesto en subvenciones menor a 1 punto del PBI.
