Ese día, el 24 de julio, se anunció que la causa del “sueño entrerriano” no iba a comenzar como estaba previsto. Mientras circulaba el video empezaron a aparecer noticias que daban cuenta que desde el Ministerio Público Fiscal se estaba analizando la manera en que se iba a desarrollar el juicio. Urribarri también aparecía, pero mostrándose en Israel donde se desempeña como embajador argentino interesado con que una droga que se usa habitualmente para tratar el colesterol podría ser de gran ayuda para combatir el Covid-19.
Argumento para la suspensión
En la resolución se rechaza la iniciación del juicio luego de que la defensa planteara, básicamente la imposibilidad de los imputados de estar de manera presencial en la sala de audiencias. El tribunal de Juicio y Apelaciones; integrado por Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo; debía resolver esta situación pero los jueces apelaron a la unificación de tres causas en la que coinciden como imputados Urribarri y Báez. En limpio: el “sueño entrerriano” se unificará con el legajo que involucra a Germán Buffa y en la que se investiga el delito de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la administración pública; y la vulgarmente llamada “causa de la vaca”, donde lo que se investiga es el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones.
De este modo, el juicio que se esperaba comience el 18 de agosto no se desarrollará.
El Sueño entrerriano
En esta causa, en la que ya se habían acumulado tres legajos, a Urribarri se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, por la que se pagaron 4.308.500,23 pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28,4 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 14.561.870 pesos.
En la causa también están imputados los ex ministros de Comunicación y Turismo Pedro Báez y Hugo Marsó; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado según la justicia una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata.
También están imputados los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, acusados por las contrataciones de publicidad. Para ellos.
Las partes solicitaron que se convoque a casi un centenar de personas a declarar. Entre los testigos se cuentan el ministro de Economía Hugo Ballay, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, el contador general Aurelio Miraglio, los ex presidentes del Tribunal de Cuentas Guillermo Smaldone y su antecesor Hugo Molina e integrantes de los organismos de control, entre otros funcionarios y ex funcionarios provinciales.
También están citados algunos intelectuales de la talla de Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional; y Eduardo Rinesi.Fuente: Página Judicial
