Dos hermanos Etchevehere pudieron ingresar al campo

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Luego de que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, denunciara la usurpación de un campo familiar en Entre Ríos y vinculara al dirigente social Juan Grabois, desde el mediodía de este miércoles, productores de la provincia se movilizaron hasta Santa Elena, enfrente del campo del exfuncionario. Marcharon hasta allí para rechazar la toma. Hubo más de 600 productores.

Esta noche, Juan Diego y Sebastián, dos hermanos de Etchevehere, entraron al establecimento junto a ocho policías y cinco productores más. Los Etchevehere se quedaron en una parte del campo y los otros productores junto a la policía fueron a hablar con el grupo de personas denunciadas como usurpadores, para pedirles que se retiren del establecimiento.

A la par de esto, pasadas las 21 horas, desde el Superior Tribunal de Justicia informaron que aún continúa desarrollándose la audiencia en los Tribunales de La Paz, en el marco de la causa caratulada “Etchevehere, Leonor s/su denuncia” presidida por el juez (subrogante) Raúl D Flores. Allí el juez definirá si entiende a esto como una usurpación y da lugar al pedido de desalojo del grupo de personas que se encuentran allí.
Por un lado, los productores rurales que llamaron a “defender la propiedad privada” y por el otro, seguidores de Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que acompañan el reclamo de Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agricultura.
Dolores Etchevehere anunció una donación de un 40% de las tierras de la herencia para un proyecto agroecológico del “Proyecto Artigas” que cuenta con el respaldo de Grabois, pero su madre, que cuenta con el respaldo de sus otros hijos, entre ellos el exministro Etchevehere, dice que su hija ya cobró y llamó a “defender la propiedad privada”.
Los productores se dieron cita sobre la ruta nacional 12, realizaron una asamblea y luego se dirigieron al ingreso al predio general, donde se encuentran apostados más de un centenar de policías, ubicados entre ambos sectores.

Dentro de la propiedad se encuentran integrantes de las organizaciones sociales que conduce Grabois, a la expectativa de lo que resuelva la Justicia.

 

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