“El salario docente tiene una función pedagógica”, señalan en el texto enviado al funcionario, “un ingreso digno permite planificar mejor las clases y perfeccionarse continuamente sin sobresaltos. Con precariedad docente, escolar y social no se cumplirá nunca completamente el derecho a la educación”, señalan.
En la presentación, expresan que “necesitamos una recomposición salarial mayor ya que para enfrentar el ajuste inflacionario, necesitamos conectividad buena para todos los docentes y alumnos en todas las instituciones educativas, necesitamos un seguro mínimo en transporte, porque no puede ser que docentes y estudiantes tengan que pagar para enseñar y aprender o, en nuestro caso, perder el poco aumento salarial en el pago de traslado y servicios”.
Además, “hay que habilitar nuevamente más frecuencias horarias de transporte para evitar complicarle más la vida a docentes y alumnos. Una tarjeta educativa ayudaría para conectividad y transporte. Reclamamos el congelamiento de las cuotas de nuestras viviendas del IAPV en $7.000 y solicitamos avanzar con los nuevos planes habitacionales para nuestras compañeras y compañeros docentes. Queremos por supuesto un aumento en blanco para que llegue también a los trabajadores jubilados, queremos respeto a nuestra ley jubilatoria y queremos rediscutir el 3 x 1 en este nuevo marco político instituido por el gobierno nacional con la posibilidad de jubilaciones anticipadas”.
“Necesitamos que el Estado invierta más en educación pública y especialmente hoy en cargos educativos como por ejemplo en tutorías pedagógicas para promoción acompañada y talleres de alfabetización básica especialmente para los primeros cursos de primaria, que pueden organizarse a contraturno. Necesitamos creación de cargos para reconstruir y reforzar los procesos de alfabetización dañados por la crisis pandémica y por años de flexibilidad neoliberal, liberando así también a los docentes de la sobrecarga de trabajo, especialmente el sobretrabajo virtual. En este nivel educativo, necesitamos una resolución política que permita a cada escuela poner a disposición de su comedor -pasadas 24hs- los bolsones de alimentos que algunas familias no retiran. Esto para los lugares donde se sigan entregando los bolsones: en las escuelas donde se reabren los comedores pedimos un refuerzo de las partidas para la alimentación de los gurises. Tenemos que tener todos en claro que entendemos por autonomía escolar e institucional: para nosotros, no hay autonomía institucional si el Estado y la gestión política educativa se lavan las manos con respecto a los problemas escolares y sociales. Queremos un Estado que se haga cargo realmente de los problemas y dramas que surgen y no que descanse sobrecargando de trabajo social a las escuelas”, señala el petitorio.
Destacaron que ante la falta de inversión suficiente, las escuelas “salen a vender pizzas, pollos y alfajores para pagar las cuentas de la educación pública estatal y eso no debe ser así. Reclamamos normativa clara, basada en un análisis serio, fundamentado en el territorio y una planificación a futuro antes de proponer y poner en vigencia resoluciones y disposiciones que se contradicen, que no tienen sustento y que dejan expuestos a los equipos de trabajo de las escuelas”.
Aprovecharon también para “solicitar la descentralización de la junta médica para revisar las licencias docentes y la simplificación de trámites, porque ni el gobierno ni el CGE le cubren el costo de traslado a Paraná a los docentes del interior ni pueden explicar tampoco como justificar la necesidad absolutamente ilógica e inadmisible de tener que pedir otro día en la escuela para ir a justificar faltas en días anteriores. Necesitamos también operatividad para tomar decisiones en relación a la autorización de licencias especiales evitando así la excesiva burocracia y ineficacia de la norma establecida”.
