Desde Israel, Urribarri dio el presente por primera vez ante la justicia

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El exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Daniel Urribarri, pidió este miércoles a la Justicia la prescripción de la causa por calumnias e injurias que le inició en 2016 el abogado Guillermo Mulet. Además, negó ser el autor del delito que le endilga el letrado.

La audiencia se realizó desde las 11, ante el juez de Garantías de Paraná, José Eduardo Ruhl. Fue la primera vez que el exmandatario se presenta en lo que va de este expediente. Lo hizo de forma remota, a través de un plataforma virtual, ya que se encuentra cumpliendo sus funciones fuera del país. También estuvieron por videoconferencia sus abogados, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez. En tanto, en el salón de Tribunales estuvieron el juez, el denunciante y su abogado Damián Petenatti.

Antes de esta audiencia, hubo otras que fracasaron: la primera fue el 25 de abril de 2016; la segunda el 8 de junio, la tercera el 4 de agosto de ese año; y la última fue el 2 de julio de este año, que se reprogramó para este miércoles.

La querella se originó tras la denuncia por enriquecimiento ilícito que Mulet y Rubén Pagliotto presentaron contra el exmandatario, a raíz de un informe periodístico publicado en la revista Análisis que daba cuenta del crecimiento patrimonial que registró la familia de Urribarri. Esa presentación motivó la reacción del exmandatario, quien emitió un comunicado en el que afirmó que Mulet “registra antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la Provincia. Y si ello fuera poco, recuerdo que sobre Guillermo Mulet pesa la sospecha de encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”.

Consultado sobre la audiencia de hoy, Mulet señaló: “Urribarri negó ser el autor de las injurias y sus abogados hicieron un planteo de prescripción, es decir, de caducidad de la acción penal. A este planteo nos opusimos. Lo que sucedió es que se confirma que es un cobarde, porque de última podía ratificar los dichos, no negarlos”, agregó.

Finalmente, señaló que ahora “debemos responder el planteo de prescripción y después se hará el ofrecimiento de prueba. En caso de que se rechace la prescripción, se va ajuicio porque no hubo conciliación”.

Este año, Urribarri ya tiene agendado un compromiso con la Justicia: será por el megajuicio por distintas causas por corrupción que viene aplazándose por la pandemia. Ahora, las audiencias ya tienen fecha y se harán entre septiembre y noviembre próximos.

“Uno de ellos es un dirigente político opositor y de hecho ha sido recientemente precandidato a senador por el Frente Cambiemos y el otro registra antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la Provincia. Y si ello fuera poco, recuerdo que sobre Guillermo Mulet pesa la sospecha de encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”, dijo Urribarri a través de un comunicado de prensa difundido 21 de diciembre de 2015.

Antes del encuentro de este viernes, Mulet advirtió que si el exmandatario volvía a ausentarse de la audiencia pediría su detención al ingresar al país. Además, afirmó que si existe un ofrecimiento de reparación económica, en el marco de un pedido de disculpas, donaría el dinero a la Fundación Crisálida, que asiste a niños y adolescentes con cáncer.

El denunciante

Mulet, junto a su colega Pagliotto, es uno de los principales denunciantes de las causas contra Urribarri y su gestión de gobierno, que se extendió desde 2007 a 2015. Entre algunas de las causas que llevó a la Justicia se encuentran las de las “Cosechadoras Truchas”, “el Jardinero K” y el “Audi de Urribarri” y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario, por nombrar algunas.

A mediados de 2012, Mulet fue quien presentó una denuncia para que se investigue a dónde fueron a parar los millones que le dio el Estado entrerriano a la empresa Grandes Máquinas, del grupo Senor, para la construcción de 18 cosechadoras.

En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

Luego de ocho años, el viernes 8 de mayo de 2020, el juez de Transición Carlos Hugo Ríos –fallecido el 6 de junio de este año tras contraer Covid-19- dictó el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa de las cosechadoras.

La resolución benefició a los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; el exministro de Economía Diego Valiero y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk; y Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción.

El 8 de julio de este año, l os camaristas José María Chemez, Elvio Osir Garzón y Rafael Cotorruelo revocaron los sobreseimientos de los empresarios y los funcionarios. También resolvieron procesar por el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta a los exministros Schunk y Valiero.

En mayo de 2013, Mulet fue quien, tras una publicación periodística, denunció al jardinero K Ricardo Barreiro, por ostentar un cargo en el Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), dependiente del ministerio de Cultura y Comunicación, en tiempos de Pedro Báez, y a la vez haberle cobrado $220.000 al Estado por el traslado de estudiantes secundarios a Tecnopolis con su empresa RP Transporte SA. El jardinero fue condenado en mayo de 2017 por el delito de falsificación ideológica de documento público.

Junto a Pagliotto, Mulet también denunció a Urribarri por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. En 2016, ambos letrados también denunciaron al exgobernador por haber recibido un Audi A1 modelo 2015 por parte del dueño de Canal 9, Jorge Aníbal Pérez. En octubre de 2017, Pérez fue sobreseído y su socio, Gustavo Velázquez, de Kaskira SA, accedió a una probation.

Fuente: Entre Ríos Ahora