El diputado provincial Néstor Loggio (FG-Creer) comenzó una ronda de consultas con entidades vinculadas a las faenas y vida rural para dar a conocer el proyecto que regule la implementación de consorcios para el mantenimiento de caminos secundarios y terciarios en la provincia.
Algunas entidades rurales plantearon sus reparos, pero el legislador oriundo de Concordia señaló a AIM que la propuesta busca un uso más eficaz de los fondos que destina el Estado y que no genera más impuestos, aclaró.
En su reciente reunión de Consejo Directivo, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) recibió al diputado provincial, Néstor Loggio (FG-Creer) para abordar un nuevo proyecto de ley sobre consorcios camineros para atender la red vial rural provincial. La entidad ruralista no ve con buenos ojos la iniciativa ya que presume “nuevas cargas económicas al productor”, por lo cual apuntaron que “no resulta una idea que pueda tener demasiado éxito”, resumieron en un comunicado. Pero ante esta postura, el legislador presidente de la Comisión de Comercio, Industria y Producción en la Cámara Baja, disiente exponiendo otros argumentos, y sostiene a esta Agencia que es una modalidad que puede dar solución a una problemática latente en los reclamos del sector.
Loggio comentó que ha dialogado sobre el tema con la Farer como con otros sectores de la actividad agropecuaria, en donde Federación Agraria la expresado su apoyo, así como desde la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), los exportadores y la federación de citricultores, arroceros y arandaneros, se han mostrados predispuestos a analizar la iniciativa, apuntó. En cuanto a los antecedentes, dijo que hay una ley nacional, que data de 1978, así como en Entre Ríos, se remonta a una reglamentación del entonces gobernador Jorge Busti en 1990. Desde entonces, se encuentran activos cuatro consorcios, enumeró.
Sobre los alcances y características de estas figuras con el marco regulatorio, el diputado de Concordia plantea que cada consorcio se pueda hacer cargo de un mínimo de 80 kilómetros para el mantenimiento, para lo cual se les dotaría de un fondo para gestionar compuesto por un 70 por ciento de la Dirección de Vialidad Provincial y un 30 por ciento del sector privado. Esto no representaría nuevos impuestos, recalcó, y podría darse curso a los recursos establecidos por la ley Nº 9.602 de Fondo de Infraestructura Vial, compuesto por recursos del impuestos inmobiliario rural para el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, que se coparticiparía a las zonales de vialidad y los consorcios camineros. Esto porque las funciones de la DPV no se dejarían de lado, sino que se concentrarían en tareas en rutas y caminos primarios. Además se aludió que con la reciente Ley de Balanzas en rutas, por el que se destina una proporción de lo recaudado por multas a Vialidad, también podrían incorporase a la financiación de estas nuevas entidades.
Las características de estos consorcios es que pueden conformarse con socios activos, afincados en la zona de operaciones; con socios que podría ser las organizaciones políticas o estaduales como juntas de gobierno o municipios que pueden adherir. Son todos aquellos que de alguna manera tienen intereses en esa infraestructura vial para sus negocios agropecuarios o pretenden esas mejoras, se explicó.
El funcionamiento, insistió Loggio, podría “mejorar estos caminos, que son la salida de producción y el acceso a escuelas, comisarías; los consorcios son una buena manera de hacerlo”. Y puso como ejemplo que en Chaco y Córdoba “funcionan muy bien”.
Otras posibilidad de la organización es que podría vender a título oneroso servicios al sector privado, para lo cual deberá planificar la obra y planearla a Vialidad quien sería quien evalúe técnicamente el proyecto y el uso de los recursos públicos.
Cada organización se puede conformar con un mínimo de siete integrantes, con una personaría jurídica que le permitiría contratar, pagar y tomar personal.