Los nuevos precios máximos hasta enero para 1.432 productos sólo se cumplen en las grandes cadenas, y a costa de tironeos con los proveedores. Tampoco funcionan en los mayoristas.
En las últimas horas, la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi, comenzó a recibir pruebas fotográficas de que el congelamiento de 1.432 productos de consumo masivo hasta enero, dispuesto a través de la resolución 1050, no se está cumpliendo, ni podrá hacerlo, en la mayoría de los puntos de venta del país. A diferencia de las grandes cadenas de supermercados, que ya están aplicando los nuevos valores -aunque con problemas de oferta en muchos casos-, los nuevos precios máximos establecidos unilateralmente por el Gobierno lejos están de poder verse materializados en los comercios de cercanía. Ni siquiera se encuentran en muchos locales mayoristas, reconocen en el propio sector.
Los valores de los ítems del listado que se encuentran hoy en estos comercios de venta por mayor son más altos que los de la lista oficial, a los que deberían venderse al público en todos los canales. “No los podemos poner ni los vamos a poner. Si no, nos vamos a fundir. Mi negocio me genera gastos también. Tengo que juntar para pagar los impuestos, los costos fijos”, planteó, molesto, a Infobae el presidente de la Federación de Almaceneros bonaerense (FABA) y vicepresidente de la Confederación General Almacenera (CGA), Fernando Savore.
Así como los almacenes no pueden cumplir con el programa “Súper cerca”, lanzado por la ex secretaria de Comercio, Paula Español, Savore afirmó que tampoco pueden fijar los nuevos precios máximos y enumeró varios ejemplos de productos, que le envió al Gobierno, para demostrar la imposibilidad de cumplir con la norma. Tal es el caso del kilo de azúcar Ledesma Superior, que debería comercializarse al público a $73,30, pero que a ese precio lo venden los mayoristas, por lo que no les queda margen a los almacenes. Otro ejemplo: el Fernet Branca de 750 cc se ofrecía ayer en un mayorista de los grandes a $642 (comprando más de 3 unidades), mientras que el valor máximo impuesto por el Gobierno para el público asciende, en Buenos Aires, a $609,38. Es decir que un almacenero debería comprarlo bastante más caro que lo que lo tendría que vender. Inviable, aseguran en el sector. Y se lo están advirtiendo al Gobierno.
Mientras tanto, continúa la puesta en escena del Gobierno para mostrar que hace todos los intentos tendientes a lograr un amplio cumplimiento de la resolución. De hecho, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, se reunió este miércoles con las grandes cadenas de comercialización mayoristas del país para avanzar en la coordinación e implementación de la norma. Según remarcó la cartera productiva en un comunicado, “el objetivo de la reunión fue plantear un trabajo en conjunto con las cadenas mayoristas para garantizar que los comercios de cercanía, como autoservicios y almacenes, no vean afectados sus márgenes de ganancia y puedan ofrecer la canasta ampliada del programa Precios Cuidados”.
Feletti les expresó que deben retrotraer los precios de los productos que contiene la nueva canasta al 1° de octubre y que durante 90 días deberán operar con ese listado de precios fijos, para que los comercios minoristas y las cadenas más chicas no se vean perjudicados. “Queremos que esa canasta se cumpla en todo el país”, remarcó el funcionario. Pero el problema es, por un lado, que hasta los mayoristas hoy tienen dificultades para vender a los precios establecidos debido a las duras negociaciones con los proveedores (lo mismo que les sucede a las cadenas) y, por otro, que muchos de ellos venden al mismo precio a una familia que a un almacén. Nunca podrían comercializar al consumidor final al mismo valor.
“No los podemos poner ni los vamos a poner. Si no, nos vamos a fundir. Mi negocio me genera gastos también. Tengo que juntar para pagar los impuestos, los costos fijos” (Fernando Savore)
“Al almacenero no le dan los números para vender a esos precios”, se sinceró Santiago Tarquino, mayorista de la ciudad de Córdoba. El dueño de Tadicor reconoció que de los 1.432 productos de la lista sólo comercializa 600, de los cuales en cerca de 430 tienen precios por debajo del listado oficial -no tanto para que el almacén le ponga su margen y pueda cumplir con los precios máximos- y con los restantes se comenzó un trabajo con los proveedores para intentar reducirlos. “Hay empresas que decidieron acompañar con todos los productos, otros con una parte. Pero si nos cuesta a nosotros llegar a esos costos, y compramos directamente a las fábricas, mucho más al almacén, que nos tiene a nosotros como intermediarios”, manifestó el empresario.
A su vez, precisó que las compañías que redujeron el precio les avisaron que en principio será por un mes -el congelamiento dura hasta enero-, lo que ratifica lo que comenzó a trascender en los últimos días respecto de las expectativas que tienen las compañías de poder renegociar los precios una vez transcurridas las elecciones. Según explicó Tarquino, algunos proveedores están concediendo descuentos para poder alcanzar los precios del listado oficial y a su vez ellos resignan algo de margen. Pero admitió que hay productos en los que están más complicados.
El cumplimiento del congelamiento se limitará a las grandes cadenas, que son las más expuestas pero que apenas representan el 30% del consumo masivo.
Por su parte, desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), que nuclea a las cadenas regionales, plantearon que “muchos productos no pueden comercializarse porque, o están discontinuados, cambiaron el código, o porque el costo no les da, por lo que tendrían que vender a pérdida”. En promedio, los ítems que pueden comercializar son aproximadamente 600. Representantes de la entidad y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) también mantuvieron este miércoles un encuentro con Giorgi en el que le explicaron las dificultades para cumplir con la resolución 1050, pero la subsecretaria les pidió expresamente que trasladaran el pedido del Gobierno a proveedores, distribuidores y mayoristas. Remarcó que se realizarán inspecciones frecuentes que, en el caso del interior, quedarán a cargo de los gobiernos provinciales.
En definitiva, el cumplimiento del congelamiento se limitará a las grandes cadenas, que son las más expuestas pero que apenas representan el 30% del consumo masivo, con 3.000 tiendas en todo el país. El 70% restante se reparte entre 18.000 autoservicios, 80.000 almacenes, 220 mayoristas generalistas y 80.000 kioscos.
