La actuación se circunscribe de acuerdo con lo prescripto en los artículos 82, 83 y sucesivos del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y artículo 5 incisos h, i y concordantes de la Ley 27.372, y el artículo 131 del CPPN, y procede “contra aquellas personas que resultaren autores o de cualquier modo hubieren tomado intervención en las acciones investigadas, permitiéndoseme para ello tomar vista de las actuaciones”.
En la misma misiva, el gobernador expresó: “Asimismo, hago expresas reservas de derecho de ampliar el rol de querellante con relación a posibles coautores, instigadores y encubridores según prevén los artículos 45, 46 y 277 del Código Penal de la Nación, cuya responsabilidad en los hechos que motivan la presente querella pueda surgir de la instrucción”.
Bordet estaría en la lista de decenas de personas con trayectoria pública en las actividades partidaria, sindical, judicial, mediática y empresarial espiados ilegalmente, según lo dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La responsabilidad penal de Zanchetta –y de otras personas aún sin determinar– en la realización de actividades de espionaje ilegal se ajustan a los términos del artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional.
